Un cuarto del país
en poder de mineras extranjeras

Los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón han concesionado 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas de territorio nacional a la industria minera. Se trata de más de una cuarta parte de la superficie de la nación. Trasnacionales canadienses son las principales beneficiarias. Como en la época de la Colonia, la explotación de oro y plata es el principal objetivo de las empresas extranjeras, revelan documentos de la Secretaría de Economía. “La minería está viviendo una época de florecimiento”, considera diputado de Acción Nacional

Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila encabezan la lista de entidades donde más proyectos se han concedido a la industria minera. Son ya más de 26 mil los permisos otorgados para la exploración, explotación y producción de metales preciosos y minerales desde que el panismo ascendió al poder.

Los padrones de Expedición de títulos de concesión minera –durante el periodo 2000-2009, año hasta el cual están actualizados los documentos de la Secretaría de Economía– revelan que a esa fecha habían sido concedidas en el país 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas, a través de 24 mil 531 concesiones. Los títulos se incrementaron a 26 mil 43 los últimos dos años de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, según indican dos informes más, elaborados por la misma dependencia federal.

El informe Proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero 2010, realizado por la Secretaría que encabeza Bruno Ferrari García de Alba, revela que las empresas más beneficiadas ese año fueron: la australiana Azure Minerals, Ltd, que obtuvo 25 concesiones mineras; las canadienses Almaden Minerals, Ltd, con 17; Dia Bras Exploration, Inc, con 16; Pediment Gold Corp, 14; y Goldcorp, Inc, con 11 autorizaciones (Contralínea, 179 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/25/entregan-oro-y-plata-de-mexico-a-trasnacionales/
).

La Secretaría encargada de llevar a cabo las políticas económicas del país informa, a través de su documento Estadísticas sobre exploración minera, octubre de 2011, que “existen 293 empresas con capital extranjero operando en México”.

Francisco López Bárcenas –coautor del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México– considera que las concesiones entregadas a las trasnacionales son “una pérdida de soberanía, porque el otorgamiento de concesiones implica que el Estado ya no puede entrar a esos lugares”.

Además, el maestro en derecho y desarrollo rural por las universidades Nacional Autónoma de México y la Autónoma Metropolitana, respectivamente, critica el tiempo que duran las concesiones, de hasta 50 años se puede renovar y llegar hasta los 100. “Sospecho que esto se hace, también, para especular en el mercado, donde los que salen ganando son los inversionistas extranjeros. El negocio no sólo es explotar la mina, sino tener la concesión para controlar el precio del mineral a nivel mundial”.


Las cifras

Los padrones de la Dirección General de Minas indican que durante la administración de Vicente Fox Quesada fueron concedidas 30 millones 57 mil 417 hectáreas, a través de 17 mil 629 títulos. Los kárdex del foxismo revelan que 2005 fue el año más beneficioso para la industria. En ese periodo fiscal fueron palomeados 2 mil 896 títulos que implicaron la concesión de 6 millones 632 mil 537.18 hectáreas.

Antes de concluir el quinto año de la administración calderonista, los permisos concedidos sumaron 8 mil 414, e implicaron el otorgamiento de 21 millones 936 mil 895.7 hectáreas, que representan el 72 por ciento de lo otorgado un sexenio anterior. Los informes correspondientes a los ciclos 2010 y 2011 no detallan el número de hectáreas autorizadas en esos años.

Las cifras oficiales indican que 2006 fue el año en que más concesiones se han otorgado –en 11 años de panismo–, al sumar 8 millones 377 mil 896.77 hectáreas. En este periodo se concedieron 2 mil 423 títulos. Al iniciar la actual administración, Sonora fue la entidad que más licencias registró con 2 millones 226 mil 784.62 de hectáreas y 592 títulos.

Luis Enrique Mercado Sánchez –integrante de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados por el Partido Acción Nacional– niega que haya tal beneficio a las trasnacionales: “Son extranjeros pero el recurso del suelo, salarios y lo que pagan ellos por la concesión minera es de los mexicanos. La minería está viviendo una época de florecimiento por los nuevos descubrimientos y, porque los precios de los metales han subido extraordinariamente. Vemos un proyecto mexicano muy boyante”.


Trasnacionales en México

Los dos últimos informes elaborados por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía revelan que las empresas de origen canadiense son las que acaparan las concesiones para la exploración, explotación y producción en las minas mexicanas.

El 25 de abril de 2010, Contralínea documentó que tan sólo en ese año se encontraban en México 187 compañías de origen canadiense en la búsqueda de oro y plata (este último metal precioso ha colocado al país en el segundo lugar de la producción mundial). Secundaban las firmas estadunidenses en la búsqueda de la riqueza minera; seguidos por Australia, Reino Unido, India, Japón, Corea, Luxemburgo, Perú y Chile.

En 2011, la Secretaría de Economía indicó que “existen 293 empresas con capital extranjero operando en México, las cuales manejan un portafolio de 808 proyectos en total” (esto, durante el periodo fiscal 2011).

Del total de empresas con capital extranjero que operan en el país, 213 tienen sus oficinas centrales en Canadá; 45, en Estados Unidos; ocho, en la República Popular China; cinco, en Australia; cuatro, en Inglaterra; al igual que en Japón y Corea del Sur; y dos, en India y Perú. Y una en Luxemburgo, Chile, Italia, Bélgica, España y Holanda, respectivamente, indican las Estadísticas sobre exploración minera, octubre de 2011.



El mismo informe descubre que aproximadamente 506 proyectos están asociados con oro y plata, es decir, el 63 por ciento; 141 son polimetálicos, 17 por ciento; el cobre con 98 proyectos, 12 por ciento; el hierro alcanza 39 planes, con el 5 por ciento; y los 24 restantes con otros metales y materiales, como el germanio, cobalto, titanio, molibdeno, bismuto, estaño, platino, galio, litio-potasio, paladio, antimonio, níquel, vanadio, wolframio (tungsteno), mercurio, zeolita-chabazita, barita, pórfidos, boratos, wollastonita y roca fosfórica, lo que representa el 3 por ciento; sin embargo, en la mayoría de los casos se consideran a estos minerales como subproductos o asociados con los minerales metálicos.

Mario Di Costanzo Armenta –integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público por el Partido del Trabajo, en la Cámara de Diputados– opina que el “acaparamiento de las concesiones mineras en manos de trasnacionales es una absoluta pérdida de soberanía. Además, de que no cumplen con las condiciones mínimas para que sus mineros desempeñen sus trabajos”.

En contraste, el diputado priísta Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, integrante de la Comisión de Economía, dice que no hay que “satanizar” a las trasnacionales que han obtenido concesiones.

“No hay que decir que son un demonio las empresas extranjeras; lo que debemos tener es un esquema de regulación que permita que empresas extranjeras o mexicanas cumplan con todos los requisitos.

“Tenemos que preocuparnos por establecer los márgenes en los que se puedan manejar las empresas, no se trata de hacernos víctimas porque son extranjeros. Lo que debemos hacer como diputados es modificar la ley que permite esto. Si cualquier empresa, mexicana o extranjera, se aprovecha de los empleados, no paga los suficientes impuestos, hace un uso mayor del que puede hacer de la mina a la que tiene derecho, el gobierno federal tendrá que actuar en contra de ello, pero no por su nacionalidad sino porque cumplan o no las leyes mexicanas.”


La Auditoría Superior y la Constitución

En el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones en el otorgamiento de las concesiones; 24 de 48 solicitudes hechas por las empresas para obtener los permisos (de 108 expedientes muestra) “carecen de las actas constitutivas que acrediten que las sociedades son de nacionalidad mexicana y [que] tienen como objeto social la exploración o explotación de minerales”.

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que “sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas.

“El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo.”



López Bárcenas, coautor del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México, expone que la minería es la cuarta fuente de entrada de divisas al país, superada por el petróleo, la industria automotriz y el sector turístico.

La industria se ha vuelto importante por los recursos que genera, pero los campesinos son los que están rentando sus tierras muy baratas; son mano de obra barata y padecen un fuerte impacto ambiental en sus comunidades. “Es un saqueo total de los recursos no renovables. Los estamos, prácticamente, entregando. No le va a quedar nada al país”.

El maestro en derecho y desarrollo rural agrega que “el abandono de este sector por parte del Estado mexicano tiene que ver con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como con los intereses de una burguesía trasnacional. Se debe recuperar el espíritu del artículo 27 de la Constitución que dice, en síntesis, que los bienes y su explotación son de la nación y su desarrollo, que se debe dar el reparto equitativo de los recursos entre los mexicanos y cuidar que no se agote”.


Violaciones a los DH

Coahuila, la segunda entidad con más concesiones autorizadas en todo el país, al llegar a 6 millones 213 mil 305.67 hectáreas, a través de 2 mil 183 títulos, también es donde más violaciones a los derechos humanos se registran en la industria minera.

El Informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, evidencia que “las condiciones en las que se realizan los trabajos de explotación del carbón distan mucho de ser las idóneas para asegurar un trabajo digno”.

Documenta que “conforme a lo establecido en el artículo 123 constitucional y los diversos instrumentos internacionales en que el Estado mexicano es parte, en tanto que no se da cumplimiento a las medidas de seguridad e higiene indispensables para efectuar dicha actividad, además de que las acciones emprendidas por el Estado no son suficientes para garantizar la integridad de los trabajadores, lo que contraviene sus derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, personal e incluso, a la vida”

Destaca que Coahuila registra el índice más alto de incapacidades laborales del tipo parcial permanente en todo el país. En 2008, obtuvo el primer lugar en incapacidades permanentes por accidente de trabajo, que dañaron a 797 trabajadores; también ocupó el primer lugar por incapacidades permanentes por enfermedades de trabajo, que afectaron a 705; y el primer lugar en enfermedades de trabajo, que perjudicó a 723 mineros, de los 3 mil 681 del registro nacional.

Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con la coordinadora general de Minería de la Secretaría de Economía, Jimena Velarde Altamirano. Al cierre de edición no se obtuvo respuesta.



Coahuila: mineros en calidad de servidumbre

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos retoma la información contenida en el V Informe Pasta de Conchos. Dime desde allá abajo, elaborado por la organización Familia Pasta de Conchos, sobre la situación de la minería de carbón en Coahuila. Destaca las condiciones laborales en estos centros de trabajo: la mayoría de las minas no cumplen con las normas de seguridad e higiene; los pozos no cuentan con una salida de emergencia; no se han constituido comisiones de seguridad e higiene como marca la ley; los trabajadores no tienen capacitación para el trabajo ni equipo de seguridad mínimo, como metanómetros, botas, lámparas, cascos, etcétera; tienen que utilizar su propio equipamiento, ya que la empresa o los contratistas no se los proporcionan; el minado de los pozos y de muchas minas se hace restringiendo los materiales para su construcción y forzándolos al máximo; en lugar de poner cuatro ademes (soportes), se ponen dos y no se emparrillan los techos de los túneles; y el empleo que generan los pocitos es inseguro, subregistrado y altamente peligroso.(Contralínea)

La Guerra por el Agua
Inocencio Valdés Vázquez

Veracruz ya importa de Puebla gran parte de su provisión de agua. Ante el persistente estiaje en algunas zonas, se avisoran conflictos intercomunales ante la falta de inversión en infraestructura y en educación

Las guerras del futuro entre comunidades y países no serán para frenar las invasiones, para detener la xenofobia o la intolerancia religiosa, sino por el agua advierten académicos de la Universidad Veracruzana, especialistas, funcionarios de gobierno y líderes religiosos.

La investigadora y catedrática de la Facultad de Instrumentación Electrónica de la UV, Carolina Ochoa Martínez señala que la demanda de agua se incrementó seis veces en la última década,”que equivale al doble de la tasa de crecimiento demográfico”.

Ochoa Martínez establece que hacia 1900 en México, el consumo per cápita anual era de 250 metros cúbicos, mientras que en la actualidad es de 700 metros cúbicos al año. En contraste, en Canadá esta cifra se duplicó y por ese concepto ese país ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos.

Advierte la académica que de continuar este ritmo acelerado de gasto, para el 2025 dos de cada tres personas enfrentarán graves problemas de escasez de agua.

El panorama que describe la analista es aterrador pues destaca que por cada metro cúbico de aguas residuales contaminadas que se descargan en acuíferos,”se vuelven no aptos para el consumo entre 8 y 10 metros cúbicos de agua pura.

De ahí que anualmente, un promedio de 3.4 millones de personas —niños en su mayoría—, mueren por enfermedades relacionadas con el agua, puntualiza Ochoa Martínez quien colabora en la importante revista Ciencia y el Hombre de la Universidad Veracruzana.

Su investigación establece que a esa cifra se agregan 2.2 millones de personas que mueren por enfermedades diarreicas vinculadas a servicios insuficientes de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene.

En relación con tal problemática, un informe de 1999 de la Comisión Nacional del Agua (CNA), señalaba ya que en México sólo existen mil plantas tratadoras de aguas residuales municipales con un caudal de 42.3 metros cúbicos por segundo, aunque sólo 29 metros cumplen la normatividad vigente.

Jalapa y Quimiltlán luchan por agua

La denominada “guerra líquida” —que aún no tiene una escalada—, tiene ya sus primeros conflictos serios en las grandes ciudades, por graves problemas de desabasto del vital líquido, la contaminación de los mantos acuíferos, ríos y lagunas, el uso indiscriminado y desperdicio vergonzoso, políticas inadecuadas de planeación y conflictos internos entre autoridades.

Jorge Ojeda Gutiérrez, titular de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Jalapa señala que 45 por ciento del agua que abastece a la capital veracruzana debe traerse del estado de Puebla.

“Son aproximadamente mil litros por segundo y vienen del río Huitzilapa del municipio de Quimiltlán, Estado de Puebla a 72 kilómetros de distancia”, ilustra el funcionario.

Este río nace en la comunidad de Quimixtlán y es un agua superficial, por lo que se infecta en su trayectoria. Cuando llega a Veracruz se le somete a un proceso de potabilización así como al flujo del río Cinco Palos que colinda con Coatepec, municipio vecino de Jalapa.

El técnico Ojeda explica que a ambos abastecimientos se les potabiliza en la planta, de donde salen aptos para consumo humano. “Quitamos algas, hongos, líquenes y bacterias y la mandamos totalmente potable a la ciudad”.

Al respecto, ex líderes del Sindicato de Trabajadores de la Comisión Municipal del Agua y Saneamiento (CMAS) como Arturo Villegas, señalan que el gobierno municipal de Jalapa, debe pagar una “alta cuota económica (estimada hace años en más de un millón de pesos anuales) y dotar de servicios al Ayuntamiento de Quimiltlán, para que sus habitantes no “cierren las llave”.

Para Villegas ese problema “se agudiza cada tres años al cambiar la administración municipal, pues si no hay autoridades capaces y negociadoras estalla.”

Recuerda que en varias ocasiones los pobladores de Quimiltlán —la mayoría campesinos de escasos recursos—, han amenazado con cerrar las válvulas de abastecimiento de la Presa Huitzilapan por el incumplimiento de los acuerdos pactados por las autoridades jalapeñas.

Así ocurrió al iniciar este año cuando estalló la huelga de trabajadores de la CMAS ——la primera en el Estado y que desestabilizó e incomodó al gobierno municipal del empresario Ricardo Ahued—— encabezada por su líder, José Luis Hernández López quien exigía mejor trato y la renuncia del director, Oscar Fernández Rivera.

Los compañeros de Hernández en Puebla amenazaron con cerrar las válvulas si no se llegaba a un arreglo en ese conflicto y que provocaría el caos entre los jalapeños. El gobierno estatal intervino y conjuró la huelga ante la falta de capacidad negociadora de las autoridades municipales de Ahued.

Para evitar que se repita la amenaza de desabasto de agua en la capital del estado por la presión sindical o de los quimitlences, los alcaldes de Jalapa y Quimiltlán firmaron un convenio de mutuo apoyo.

Oro para empresas

Sin embargo, otros municipios veracruzanos enfrentan problemas similares. Algunos ya causaron disputas entre habitantes por la posesión de pozos de agua y espacios de suministro.

Ante tal situación ha surgido el auge de empresas purificadoras de agua —de dudosa procedencia y calidad sanitaria—, que venden el garrafón de 19 litros a 18 pesos. La escasez y desabasto doméstico del líquido permitió a la transnacional Coca Cola comercializar agua purificada como uno más de sus productos.

Ese negocio particular prospera porque el líquido que proviene del Sistema de Agua no es potable y por tanto debe hervirse, lo que resulta oneroso por el alto consumo de gas doméstico. Además, ante el total desdén de las autoridades, algunos particulares venden pipas de agua con precios que oscilan entre 200 y 500 pesos, en el estiaje. Oro por agua, buen negocio.

No es casual entonces que especialistas de la CNA, de la Comisión Estatal del Agua, las Comisiones Municipales de Agua y Saneamiento(CMAS) y hasta sacerdotes, adviertan a los veracruzanos de que se agoten los mantos acuíferos y de la inminente guerra por el agua.

Obsoleta y excluyente

Víctor González Jiménez especialista hidráulico y asesor de la CNA explica que la infraestructura hidráulica de Jalapa data de 1900.

“Muchos de los drenajes todavía son petrificados — a base de cal — y al reparar algunos tramos en el centro de la ciudad, ocasionan enormes cavernas. Si no los arregláramos, hasta el camión de la basura se iría por ahí” ironiza.

Subraya que desafortunadamente, Jalapa fue abandonada políticamente hace 40 o 50 años, y para tener la infraestructura que su población requiere se requerirían al menos 2 mil millones de pesos.

Denuncia el especialista hidráulico que “los recursos que entonces llegaban al Estado iban para Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza Rica y Jáltipan porque eran zonas petroleras y a Jalapa la dejaron como una ciudad burocrática—estudiantil”.

Futuras sequías

Para la Comisión Nacional del Agua en el pasado medio siglo la disponibilidad de agua por habitante en el país bajó en 60 por ciento y de continuar esta tendencia sobrevendrá una crisis de desabasto en pocos años.

El organismo señala que en 1950 el recurso disponible per cápita era de 11 mil metros cúbicos, mientras que en este momento es de 4 mil 600 metros, lo cual aún está dentro de las normas internacionales.

De mantenerse la sobrexplotación de acuíferos, el bajo tratamiento de aguas residuales y el mal uso del líquido, la problemática se agudizará en la próxima década y ahora, los conflictos por el recurso ya se extienden a gran parte del territorio nacional.

Para el 2010, el gobierno mexicano tiene el desafío de abastecer de agua a la mitad de la población que carece del recurso, que representan 10.6 millones de personas, conforme al compromiso asumido en la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo.

La solución a este problema desde Conagua y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es: privatizar el recurso.

Para Conagua, es necesario eliminar los subsidios al servicio de agua potable, a los que llama un "incentivo perverso" en la actualización de las Estadísticas del Agua en México.

En igual sentido, para la OCDE el manejo del líquido en México es “insustentable” pues la inversión en infraestructura es de las más bajas —apenas la mitad de lo necesario para alcanzar un escenario sano—.

Agrega la OCDE que no se respetan las normas y las pérdidas en el suministro son elevadas, al tiempo en que se sobrexplotan las aguas subterráneas y que, hasta ahora, los aspectos ecológicos de la calidad del líquido reciben poca atención.

Por lo anterior, ese organismo internacional recomienda a México aumentar la inversión para cumplir con los objetivos del 2025 y las metas de Johannesburgo para 2015 para reducir a la mitad a la población mundial sin agua potable.

Para ello, el organismo plantea que debe alentarse a las empresas proveedoras de agua potable y de manejo de aguas residuales para que obtengan la certificación ISO y elevar el funcionamiento operativo de las plantas de tratamiento. Recomienda mejorar la eficiencia del uso de líquido para la agricultura de riego, así como adoptar medidas para detener la sobrexplotación de mantos acuíferos.

Conagua considera en sus informes que a las necesidades de inversión para abatir el rezago existente y cubrir la nueva demanda de agua potable y alcantarillado se suman problemas financieros, técnicos, organizativos e institucionales de los prestadores de servicios.

"El agua gratuita o subsidiada significa un incentivo perverso que favorece el derroche y la ineficiencia. La desaparición de los subsidios al precio del agua resulta prioritario. Los precios deben estructurarse sobre bases transparentes que permitan la recuperación total del costo y que incluyan criterios económicos y ambientales" prevé Conagua.

Aunque las acciones del organismo permitieron dotar de agua a 7 millones de personas, persisten 10 millones sin el recurso. Con los decretos de condonación de derechos por descargas de aguas residuales, se espera que en 2007 las poblaciones mayores de 20 mil habitantes podrán tratar todo ese líquido.

Finalmente, la catedrática de la UV, Carolina Ochoa Martínez enfatiza el aspecto educacional. El mal uso del agua provoca desequilibrio en la naturaleza, pues sólo 2.53 por ciento del agua es dulce y “por ello urge que la población sea conciente del adecuado manejo de este precioso líquido”.

La universitaria propone acciones urgentes: informar sobre el uso adecuado del agua, restringir gradualmente su uso a industrias por leyes, establecer plantas de reciclaje para las aguas residuales y administrarlas para que brinden mejor servicio, promover proyectos innovadores y aumentar el número de lugares de almacenamiento.



Agua bendita


La gravedad de esta situación también fue revelada por una investigación de Sergio Obeso Rivera obispo de Jalapa. En él establece que México — uno de los siete países mega diversos del mundo—, está al borde de una grave crisis de aprovechamiento y manejo del agua.

Indica la investigación del prelado: “las principales fuentes de abastecimiento de agua potable del país se están agotando; unas se encuentran convertidas en focos de infección y otras están casi secas o en el límite de su vida útil.

“78 por ciento de las aguas residuales y 85 por ciento de las industriales se vierten en los cuerpos de agua naturales sin tratarse (de todas las aguas residuales sólo se trata del 24 por ciento)”, cita el texto.

Lo más grave, agrega el tres veces presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) , es que en las redes municipales se fuga el 50 por ciento del agua; 55 por ciento del agua agrícola se pierde por evaporación e infiltración.

A lo anterior se suma que “el promedio de la precipitación en México es de 777 mm anuales y su distribución es muy irregular” (hay regiones que padecen sequía y otras inundaciones) y en general, las lluvias se acotan a un periodo restringido que pocas veces va mas allá de junio a septiembre”.

En aprovechamiento de agua, el documento del presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social explica que casi el 83 por ciento del volumen total se destina al riego, 12 por ciento para uso doméstico, 3 por ciento al uso industrial y el 2 por ciento restante a la acuacultura.

Hay que considerar – acota Obeso Rivera—, que la demanda se concentra en los centros urbanos e industriales, en tanto que no todas las zonas rurales poseen sistemas de riego.

“Por lo menos 40 núcleos urbanos, los más extensos y de mayor desarrollo económico, enfrentan serios problemas para asegurar el suministro de agua potable. Al menos 16.5 por ciento de las poblaciones mexicanas tienen graves problemas para conseguir agua potable para el consumo doméstico y más del 20 por ciento no tienen servicio de alcantarillado.(Este reportaje fue publicado cuando era alcalde de Jalapa, Ricardo Ahued y el obispo de la diócesis Sergio Obeso Rivera)