El agravamiento de la crisis

Las Bolsas se desploman ante el sombrío

panorama de la economía internacional

Los inversores aceleran las ventas decepcionados por el mensaje de la Fed. -La banca y la industria son los sectores más castigados. -La prima de riesgo de Italia roza niveles de récord

MADRID.- El rosario de malos augurios sobre la situación económica internacional que se han conocido esta semana ha dado nuevos bríos a la tendencia bajista en los mercados financieros, que al mismo tiempo no acaban de creer en la efectividad de las medidas que se están anunciando a ambos lados del Atlántico para detener la hemorragia. Primero fue el FMI quien avisó de que el estancamiento se prolongará durante más tiempo de lo previsto y llegará a 2012. Un día después, el miércoles, este organismo trasladó el foco de atención sobre la banca, dado que si nadie le pone remedio, los problemas de liquidez derivados de la crisis fiscal del euro pueden dejar al sector al borde del colapso. Y por si esto fuera poco, ayer la Reserva Federal cerró el círculo al advertir de que los riesgos a la baja sobre la primera potencia mundial son "significativos".
Pérdidas en las Bolsas a la espera de la reunión de la FED
Bernanke canjea 300.000 millones de deuda para estimular la economía
Ante este sombrío panorama, los inversores, que la semana pasada recuperaron una pequeña parte de su optimismo volviendo a entrar en las Bolsas, han cambiado de opinión y han optado por descontar que el frenazo será más intenso de lo esperado. Esta tendencia, que ya ayer provocó caídas en los principales parqués de referencia, se ha intensificado esta mañana. También en la deuda se ha dejado notar con fuerza el incremento de las dudas sobre el final de una crisis que se supera a medida que avanza el tiempo. Mientras, en el mercado de divisas, el euro caía a 1,34 dólares y marcaba su valor más bajo frente a la divisa estadounidense de los últimos ocho meses.
A la hora de comer, Madrid y París lideraban los recortes que se extendían por toda Europa por el mayor castigo a sus bancos. Así, mientras el selectivo español Ibex 35 se dejaba un 5,13% y decía adiós a la cota psicológica de los 8.000 puntos con Santander o BBVA cediendo entre un 4,7% y un 5%; el Cac 40 parisino perdía un 5,33%. En su caso, las dudas por la exposición de las grandes entidades financieras del país a una eventual quiebra de Grecia se traducía en descensos de hasta el 7,4% en la muy castigada Société Générale y del 5% en Credit Agricole. El mayor banco francés, el BNP Paribas, registraba unos números rojos a la misma hora del 4%.
En el resto de Europa, el Dax de Fráncfort descendía un 4,71% con Deutsche Bank perdiendo otro 5,13% y el Commerzbank un 3%. Mientras, Londres bajaba un 4,15% y Milán un 3,5%. La jornada en el principal parqué italiano ha estado marcada por la decisión de Standard & Poor's de rebajar la nota de solvencia de siete bancos del país, entre ellos el Intensa Sanpaolo y Mediobanca. No obstante, la reacción de los inversores al tijeretazo no ha sido muy negativa y sus acciones han logrado librarse del correctivo al conjunto del sector europeo dado que ya lo había descontado. La razón, que era previsible después de que esta agencia rebajase la calificación de la deuda del Estado en un escalón el martes. Junto a las entidades financieras también estaban sufriendo un serio correctivo los valores industriales, ya que el parón económico reducirá sensiblemente sus pedidos.
Antes de la apertura en el Viejo Continente y tras los recortes de ayer, los principales parqués asiáticos han sufrido fuertes recortes en torno al 2% en el Nikkei de Tokio o del 0,08% en el Hang Seng de Hong Kong. En China, precisamente, se han disparado las alarmas al conocer el dato PMI del sector manufacturero del país, que lleva tres meses consecutivos por debajo de la frontera de los 50 puntos que marca la diferencia entre el crecimiento y la contracción. Más malas noticias que se suman al augurio de la Fed.
El instituto emisor estadounidense advirtió tras su esperada reunión de dos días que los riesgos a la baja para el crecimiento son significativos. Asimismo, aunque, tal y como se esperaba anunció medidas para favorecer una política de tipos de interés bajos, lo que debería estimular a la estancada economía de la primera potencia mundial, nada dijo sobre una eventual recuperación de la compra masiva de deuda (Q3). Esta omisión ha decepcionado a los inversores, que aunque no contaban con esta medida de forma inmediata, si confiaban en que la Reserva Federal diese alguna señal de que está en la recámara ante el más que probable parón económico que está por llegar.
"La reacción negativa de las bolsas entendemos que responde a la visión pesimista de la Fed sobre el crecimiento económico, que podría hacer necesaria la adopción de nuevas medidas de estímulo monetario", ha afirmado en una nota a clientes el broker Renta 4.
En la deuda, por su parte, también domina el pesimismo. Tras las paulatinas subidas en la presión contra los periféricos del euro, sobre todo contra España e Italia, que copan ahora la atención de los inversores, hoy ha tocado volver a sufrir, sobre todo a los títulos del Tesoro italiano. Así, en los primeros minutos de la sesión, la prima de riesgo de Italia, que es el diferencial entre sus bonos a 10 años frente a los alemanes, de referencia por su estabilidad, ha rozado durante unos instantes el que hasta ahora sigue siendo su máximo histórico: los 416 puntos básicos que marcó el 8 de agosto antes de que el Banco Central Europeo reactivase su programa de compra de bonos.
No obstante, tras llegar a subir a 413 puntos básicos en la apertura, el indicador ha moderado su escalada al entorno de los 400 puntos básicos, un nivel que en cualquier caso es inadmisible, según los expertos, para un país cuya deuda pública asciende al 117% y, por tanto, tiene muchos intereses que pagar. Para España, su prima de riesgo, que es el mejor termómetro de la confianza en sus finanzas y que fija las condiciones de financiación de un determinado país, ha repuntado a 374, su nivel más alto desde agosto. Sin embargo, luego también se ha frenado y, tras llegar a reducirse frente al dato de ayer (363), se estabilizaba sobre los 365 puntos básicos.(El País)
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España
MERCADO CONTINUO
Valores


IBEX 35
7.885,00 -325,30 -3,96 8.210,30 15:41 Valores


I.G.B. MADRID
796,84 -31,14 -3,76 827,98 15:40 Sectores


FTSE LATIBEX
2.702,50 -145,10 -5,10 2.847,60 15:40 Valores


IBEX Medium Cap
7.842,70 -239,80 -2,97 8.082,50 15:41 Valores


IBEX Small CAP
4.878,50 -109,20 -2,19 4.987,70 15:40 Valores


Europa
DAX XETRA
5.203,06 -230,74 -4,25 5.433,80 15:26 Valores


CAC 40
2.790,53 -145,29 -4,95 2.935,82 15:26 Valores


AEX
263,84 -11,84 -4,30 275,68 15:26 Valores


EUROSTOXX 50
2.001,84 -96,65 -4,61 2.098,49 15:26 Valores


EURONEXT 100
530,58 -26,34 -4,73 556,92 15:26 Valores


EUROTOP 100
1.824,89 -73,75 -3,88 1.898,64 15:41 Valores


EUROTOP 300
878,70 -39,36 -4,29 918,06 15:26 Valores


FTSE
5.039,86 -248,55 -4,70 5.288,41 15:27 Valores


EEUU
DOW JONES
10.812,27 -312,57 -2,81 11.124,84 15:42 Valores


NASDAQ 100
2.258,30 -37,59 -1,64 2.295,89 21/09/11 Valores


S&P 500
1.166,76 -35,33 -2,94 1.202,09 21/09/11 Valores


Asia
NIKKEI 225
8.560,26 -180,90 -2,07 8.741,16 08:28

HANG SENG
25.513,71 -19,77 -0,08 25.533,48 11/04/11

Latinoamérica
BOVESPA
65.000,94 +392,16 +0,61 64.608,78 11/04/11




Las cotizaciones bursátiles se muestran con un retraso de 15 minutos

Pemex privatiza 26 mil MDP
en operación de Repsol

Por Nancy Flores


Petróleos Mexicanos vuelve a utilizar su esquema de triangulación de recursos públicos a sus empresas “privadas”, radicadas en paraísos fiscales. Esta vez se trata de la adquisición del 5 por ciento de acciones de Repsol YPF, a través de su filial holandesa PMI Holdings. El método garantizará que esa compañía “privada” y PMI Holdings Petróleos España, también de carácter “privado”, se queden con las utilidades, mientras que Pemex asumirá las pérdidas, revela un acuerdo del Consejo de Administración aprobado por Juan José Suárez Coppel, director de la paraestatal petrolera. El dinero público implicado sólo en esa operación supera los 26 mil millones de pesos

Blindadas por su carácter de compañías “privadas” extranjeras, PMI Holdings, BV, y PMI Holdings Petróleos España, SL, se agencian un negocio de, al menos, 26 mil 51 millones 404 mil pesos. Aunque el dinero ha salido de las arcas públicas mexicanas, sus utilidades serán administradas como capital privado en cuentas particulares radicadas en el paraíso fiscal de Holanda y en España.

Y es que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha apostado otra vez a la inversión triangulada del dinero público. Así, en nombre y con recursos de la paraestatal, PMI Holdings tiene la nueva participación accionaria del 5 por ciento de la española Repsol YPF (que implica unos 21 mil 760 millones de pesos) y PMI Holdings Petróleos España, el 4.9 por ciento histórico (por 4 mil 291 millones 404 mil pesos).

Ambas forman parte de la red de 25 empresas “privadas” que la petrolera del Estado posee en México y en el extranjero al margen de la legislación nacional. A su vez, son integrantes del Grupo PMI, constituido por 11 compañías que controla la subsidiaria PMI Comercio Internacional, también de carácter privado y con autonomía fáctica financiera.

En materia petrolera, el Grupo PMI juega un papel clave: se encarga de operar la comercialización del petróleo y sus derivados en los mercados internacionales. Asimismo, de importar las gasolinas y otros petrolíferos al país. Todo ello, en total discrecionalidad, señala la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Así, al intermediar la compra de acciones de Repsol YPF, Pemex no estaría obligado a rendir cuentas ni a transparentar su multimillonario negocio: los tratos que se operan a través de sus 25 compañías no son auditables. Ello, por su carácter de privadas y porque están sujetas a leyes extranjeras. No obstante, tanto la paraestatal como el exsecretario de Energía han defendido la supuesta legalidad de la compra de acciones. La operación para aumentar la participación de Pemex en la petrolera española Repsol fue transparente y auditable, aseguró a la prensa el ahora secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, el pasado 9 de septiembre.





Erario asumirá las pérdidas

La opacidad de esta operación no se limita a la ausencia total de información y consulta al Consejo de Administración; tampoco, al manejo de los recursos públicos directamente implicados en las transacciones comerciales y en las futuras utilidades. También alcanza las pérdidas que se registren más adelante.

El acta de la sesión ordinaria 818 del Consejo de Administración de Pemex –firmada el 10 de noviembre de 2010 por la exsecretaria de Energía y actual titular de Banobras, Georgina Kessel; por David Madero Suárez, presidente suplente del Consejo, y por Alejandro Fleming, exjefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía– revela que la paraestatal asumirá con dinero público las pérdidas y contingencias financieras que enfrenten sus 25 empresas privadas, así como los negocios contraídos por éstas. Tal sería el caso de la participación accionaria de PMI Holdings y PMI Holdings Petróleos España en Repsol YPF.

El acuerdo establece textualmente: “Con fundamento en el artículo 19, fracción IV, inciso f, de la Ley de Petróleos Mexicanos, en tanto se aprueban todas las políticas a que se refiere dicho precepto, el Consejo de Administración, previa opinión favorable del Comité de Estrategia e Inversiones, aprueba como política específica que para los casos en que algunas de las filiales de Pemex haya convenido cubrir los faltantes de los esquemas de asociación que hayan celebrado, Petróleos Mexicanos pueda asumir una nueva obligación contingente de transferir los montos necesarios para hacer frente a dichos faltantes hasta por 50 millones de dólares, generándose una obligación contingente a su favor en caso de actualizarse la contingencia respectiva”.

En esa sesión participaron, entre otros, Juan José Suárez Coppel, Gerardo Ruiz Mateos, Ricardo Aldana Prieto, Carlos Arnoldo Morales Gil, Miguel Tame Domínguez, Rafael Beverido Lomelín, Homero Niño de Rivera Vela; así como los consejeros independientes Fluvio César Ruiz Alarcón, Rogelio Gasca Neri, Héctor Moreira y Fortunato Álvarez Enríquez. Ninguno se opuso al acuerdo.

La discusión se centró en las pérdidas que registró en 2010 la refinería Deer Park, copropiedad de la trasnacional Shell y PMI Norteamérica, SA de CV, una de las 11 empresas del Grupo PMI.

El acta, de la cual Contralínea posee copia, acota: “Esta política estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2010. Asimismo, se instruye al director general para que a más tardar el primer bimestre de 2011 presente para opinión del Comité de Estrategia e Inversión las políticas a que se refiere el artículo 19 de la Ley de Pemex, a efecto de que previa opinión de dicho Comité se someta a la aprobación del Consejo”.

La vigencia, sin embargo, fue únicamente una formalidad. A la fecha, esa política ya forma parte de las reglas generales de la paraestatal y aplica para las 25 empresas privadas y sus negocios.

Lejos de cuidar el patrimonio de los mexicanos, los consejeros profesionales avalaron totalmente la aplicación de esta normatividad. Durante la discusión, el doctor Gasca Neri “preguntó por qué abarcaba hasta diciembre de 2010 y no 2011”, cita el acta de sesión. A lo que, de inmediato, el consejero Ignacio Quesada respondió “que se pretendía establecer una política completa, pero como se tenía que autorizar una transacción específica en la presente sesión [el rescate de PMI Norteamérica y su inversión en la refinería Deer Park], se daba una vigencia a la política hasta el final del año”.

Deer Park Refining Limited Partnership es una sociedad al 50 por ciento entre PMI Norteamérica –filial privada de Pemex– y Shell. Ubicada en Texas, la refinería sólo ha representado ganancias para la trasnacional, pero no para Pemex. Entre otros de los beneficios, permite a Shell adquirir todos los productos resultantes de esa refinería, con base en el Acuerdo de Transferencia de Productos, firmado el 31 de marzo de 1993.

Contrario a ello, la copropiedad le reporta números rojos a PMI Norteamérica. Tan sólo en 2008, la filial registró una pérdida bruta de 2 mil 208 millones 700 mil pesos relacionados con su operación. Pemex asegura que el multimillonario déficit “se obtuvo al considerar sus ingresos por la venta de productos refinados a Shell (único cliente), menos el costo de ventas, que incluye la cuota de procesamiento pagada a Deer Park, comisiones y gastos (fees & expenses) y fletes marítimos, en los que la compañía incurrió para poder realizar sus operaciones de la refinación de petróleo crudo”, indica el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008.




Las ganancias se privatizarán

En el esquema utilizado para la compra de acciones de Repsol YPF los resultados serán los mismos: Pemex asumirá las pérdidas al tiempo que las utilidades se desvanecerán. Es más, en este trato ni siquiera queda garantizada la devolución de la inversión por más de 26 mil millones de pesos. Y es que la administración de Suárez Coppel considera legal la privatización del dinero público que Pemex transfiere, maneja y obtiene por intermediación de sus 25 empresas “privadas no paraestatales”, principalmente las del Grupo PMI.

Aunque su principal función es comercializar –por encomienda y a nombre de la paraestatal– los bienes de la nación, la petrolera mexicana considera que, al ser “sociedades privadas”, los recursos que manejan sus 25 filiales “también son de naturaleza privada”. “Por lo tanto, quedan excluidos del ámbito de competencia de la Cámara de Diputados”.

Lo anterior lo afirmaron altos funcionarios de Pemex durante una reunión sostenida con representantes de la ASF a fines de 2009. En ese encuentro se discutieron los resultados y observaciones preliminares a la revisión de la Cuenta Pública 2008.

De la reseña hecha por la ASF se desprende que los servidores públicos de Pemex citaron dos jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de “demostrar” la legalidad de la privatización del erario. También, con el objeto de evitar la fiscalización ordenada por los legisladores a los multimillonarios recursos públicos que se manejan como privados en esa empresa del Estado.

“Bajo el derecho positivo mexicano, es posible que un ente de la administración pública federal llegue a obtener recursos privados que, naturalmente, quedarán excluidos de la Cuenta Pública, tal y como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia en nuestro país a través de las siguientes jurisprudencias”: P/J-126/2006; P/J-123/2006, expusieron los altos funcionarios de Pemex.

Ambas tesis se refieren a la supuesta naturaleza privada del Derecho de Trámite Aduanero, un impuesto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público creó en 1993 como una “contraprestación privada” y que fue avalado por la Suprema Corte en octubre de 2006.

En ese contexto, los representantes de Pemex destacaron que la Auditoría Superior “carece de facultades para auditar, verificar y formular pliegos de observaciones únicamente respecto de los ingresos privados contenidos en el rubro financiero ‘DTA’ [Derecho de Trámite Aduanero]”. Criterio que también valdría, de acuerdo con Pemex, para las finanzas de sus empresas privadas constituidas en México y en el extranjero, sobre todo en paraísos fiscales, y operadas con recursos públicos.

Según la ASF, el Derecho de Trámite Aduanero –junto con la empresa Integradora de Servicios Operativos, SA, también creada por Hacienda– habría implicado un fraude multianual por más de 10 mil millones de pesos en contra de las finanzas de la nación. En esta lógica, el negocio de Repsol YPF únicamente beneficiará los bolsillos privados de un puñado de funcionarios a cargo del Grupo PMI.

Para la elaboración del presente trabajo se solicitó conocer la versión de Pemex, a través de Wilhem Friedrich Hagelsieb Garza, gerente de Comunicación Social de la paraestatal. Hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta.(Contralínea)

Con Calderón, 300% más

desapariciones que en Guerra Sucia

Por Flor Goche


En la “guerra” antidrogas, aumentan las quejas en contra de militares por su posible implicación en desapariciones forzadas de civiles. El caso más reciente, ocurrido en Tamaulipas, involucraría a marinos en la desaparición de 15 personas. De 2007 a la fecha se habrían cometido 3 mil crímenes de lesa humanidad de este tipo en México, documenta la ONU; 300 por ciento más que los ocurridos durante la Guerra Sucia. Al menos, 32 luchadores sociales y defensores de derechos humanos formarían parte de la lúgubre lista

Soldados y marinos son señalados como los autores de decenas de desapariciones forzadas de civiles, cometidas en el contexto de la “guerra” del gobierno federal contra el narcotráfico. La más reciente denuncia implica a elementos de la Secretaría de Marina en la desaparición de 15 personas entre el 1 y el 22 de junio pasado. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, hay fotografías y videos que comprueban la participación de los representantes del Estado mexicano en esos crímenes.
Apenas tres meses antes de esos hechos, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) visitó México, por considerar “alarmante” el número de quejas que ha recibido entre 2007 y principios de 2011. Al finalizar su recorrido, el 31 de marzo, dicho Grupo denunció que en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se habrían cometido unos 3 mil crímenes de lesa humanidad de este tipo; esto es 300 por ciento más que las desapariciones ocurridas durante la Guerra Sucia (1962-1987).
No obstante, la cifra podría ser mayor. Datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refieren que las quejas por extravío de personas entre 2007 y 2011 superan las 5 mil. Aunque la dependencia gubernamental no las califica como desapariciones forzadas o involuntarias, defensores de derechos humanos consideran que las posibilidades de que se trate de crímenes de este tipo son elevadas.
Para que un extravío se catalogue como desaparición forzada, se debe demostrar que el civil fue privado de su libertad por agentes del gobierno o por terceros contratados por un agente de gobierno.
En la presente administración panista, los móviles políticos –que durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional se enfocaban en guerrilleros y activistas– sí se estarían reeditando. Al menos 32 luchadores sociales y defensores de derechos humanos han desaparecido forzadamente en el actual sexenio. De éstos, se desconoce el paradero de 20; ocho fueron ejecutados extrajudicialmente y cuatro liberados.

Las cifras negras
El 22 de junio pasado se publicó en el Diario oficial de la federación el nuevo marco legal para castigar a los responsables de estos delitos (Decreto Promulgatorio de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas). Pese a ello, el gobierno de México no parece estar realmente comprometido con el esclarecimiento de estos hechos.
Considerados por el derecho internacional como de lesa humanidad, estos crímenes permanecen impunes, al igual que las más de 1 mil desapariciones forzadas que se registraron en la Guerra Sucia; las de decenas de simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la década de 1990; y las de cuatro indígenas de la comunidad Viejo Velasco, Chiapas, ocurridas en noviembre de 2006.
A pesar de que las desapariciones podrían llevar al Estado mexicano a un juicio internacional, ninguna de las instituciones del gabinete de seguridad lleva registro de ellos, se desprende de respuestas a solicitudes de información ciudadanas consultadas por este semanario.
El problema tampoco se resuelve en el ámbito local. En cada entidad federativa, son las comisiones estatales de derechos humanos y las organizaciones civiles las que van engrosando sus listas con nombres y datos de las víctimas.
Un caso dramático es el de Coahuila. Los reportes de las autoridades locales refieren 219 denuncias por ese delito. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Larios, adsctrito a la diócesis de Coahuila, también tiene documentadas 185 desapariciones forzadas en la entidad.
En Michoacán, uno de los estados que más ha sufrido la violencia de la supuesta “guerra” contra las drogas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha documentado 165 desapariciones forzadas, ocurridas entre 2010 y lo que va de 2011.
En contraste, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua asegura que su registro de denuncias es de sólo 48 desaparecidos forzadamente entre 2008 y 2010. Las cifras se potencian en Guerrero. Ahí, el Taller de Desarrollo Comunitario ha documentado 1 mil 694 casos de desapareciones forzadas entre 2005 y 2011.
Pero los estados fronterizos del Norte del país no se quedan atrás. A inicios de junio, Leonel Aguirre Meza, presidente de la no gubernamental Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, denunció que en Sinaloa se han registrado 230 desapariciones de civiles en el marco de lucha contra el narcotráfico.
Durango también se suma a los estados con dramáticos registros. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene conocimiento e investiga 176 desapariciones forzadas de personas entre 2009 y abril de 2011. Según sus estadísticas, 89 por ciento de las víctimas son hombres y 11 por ciento mujeres.
De las decenas de denuncias, la CNDH sólo ha informado de 238 casos de desaparición forzada registrados en México desde la década de 1960, según constaría en un informe que su presidente, Raúl Plascencia Villanueva, entregó al Grupo de Trabajo de la ONU el pasado 23 de marzo. Éste es confidencial, pues “contiene averiguaciones previas”, refieren funcionarios de la Comisión.
Militares implicados
En enero pasado, la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación informó a Contralínea que, durante una década de gobiernos panistas, tiene conocimiento de 74 presuntas desapariciones forzadas. Al menos 29 de estas investigaciones recaen en juzgados militares.
Se trata de los casos de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera, Rocío Irene Alvarado y 24 personas más, a cargo de la Procuraduría General de Justicia Militar de Chihuahua; y el de Raúl Evangelista Alonso y Roberto González Mosso, en manos del Ministerio Público Militar adscrito a la 35 zona militar de Chilpancingo, Guerrero, que inició la averiguación previa 35ZM/26/201.
Pero éstos no son los únicos crímenes de lesa humanidad en los que se habría probado la participación de militares. El de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez es el único caso reciente de desaparición forzada de luchadores sociales que, a través de la recomendación 7/2009, reconoce la CNDH. También, el único en el que se ha logrado establecer una interlocución con el gobierno federal, con duración aproximada de un año.
Recientemente Gabino Cué Monteagudo, gobernador de Oaxaca, aceptó la recomendación que la CNDH dirigió a la administración de su antecesor, Ulises Ruiz Ortiz. No obstante, la desaparición forzada de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), perpetrada el 24 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, continúa impune.
El 21 de abril de 2009, la Comisión de Mediación entre el EPR y el gobierno federal –un grupo de intelectuales creado en 2008 con el objetivo de posibilitar la presentación con vida de estos militantes– dio por terminada su misión ante la “falta de interés, voluntad política y actitud poco atenta” de las autoridades.
“Lo que veíamos era una intención de hacer sesiones, de sacar fotografías, de usarlo en los medios, pero no realmente de resolver el problema”, manifiesta José Enrique González Ruiz, coordinador de la maestría en derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Cuidad de México e integrante de la Comisión.
A más de cuatro años de la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, no se sabe de servidores públicos o militares a los que se les haya llamado a declarar o fincado responsabilidad; no hay evidencia de avances en la localización de los activistas; tampoco se ha llevado a juicio a los culpables; además, en la investigación de la PGR el delito que aparece es el de privación ilegal de la libertad en su modalidad plagio o secuestro y no el de desaparición forzada.
A decir de González Ruiz, este caso es “simbólico y paradigmático” por lo que “si podemos esclarecerlo y llevar a los responsables ante los tribunales, se puede abrir una rendijilla por la que se cuele la justicia para los demás casos de desaparición forzada en México”.
Desde su creación, en la década de 1980, el Grupo de Trabajo de la ONU ha transmitido al gobierno de México 412 casos. De éstos, 233 (el 57.76 por ciento) siguen sin resolverse; 16 se han discontinuado; 24 se han esclarecido con base en la información proporcionada por los demandantes; y 134, a partir de los informes gubernamentales.
Estos datos “no son representativos de la dimensión del tema en cuestión”, advierte el Grupo de Trabajo en su informe preliminar de su reciente visita a México. “El incremento de nuevos casos admitidos durante 2010 y el gran número de nuevas alegaciones recibidas durante la visita podrían indicar un deterioro de la situación de desaparición forzada en México”.
Del 18 al 31 de marzo de 2001, Jasminka Džumhur, Ariel Dulitzky y Osman El Hajjé, integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU, visitaron México. De sus reuniones con autoridades federales y locales, organizaciones de la sociedad civil, organismos protectores de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas confirmaron que el principal reto es acabar con la impunidad “para los delitos en general, y para las desapariciones forzadas en particular”.
A los representantes de la ONU únicamente se les informó de dos sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada en contra de servidores públicos, mismas que actualmente se encuentran en proceso de apelación. Respecto de las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Sucia, tuvieron noticia de que sólo el 2.5 de los casos investigados resultó en el inicio de una investigación penal; que 20 de éstos fueron consignados ante una autoridad judicial; y que si bien las investigaciones ministeriales continúan, ningún funcionario ha sido sentenciado, detenido o está en espera de juicio.
En su informe de observaciones preliminares, en el que dirige 34 recomendaciones al Estado mexicano, el Grupo asegura que la PGR “no aportó ninguna información específica respecto a las líneas de investigación, los avances significativos en las investigaciones, la posibilidad de nuevas acusaciones y los canales de comunicación con los familiares de las personas desaparecidas forzosamente”.
Para la realización de este trabajo, se solicitó una entrevista con Omeheira López Reyna, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; con Irving Barrios Mojica, subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR, y con Ricardo Nájera Herrera, coordinador General de Investigaciones de la misma dependencia. Al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Restricción del fuero militar: “sólo un paso”
El pasado 14 de julio, la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) dictaminó la restricción del fuero militar para los casos de violaciones a derechos humanos, que ahora pasarán a los tribunales civiles. La resolución se dio en el marco del análisis de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de Rosendo Radilla Pacheco, líder comunitario desaparecido por efectivos del Ejército Mexicano el 25 de agosto de 1974.
Organizaciones de derechos humanos y de familiares de desaparecidos celebran el fallo de los ministros: “Un triunfo de las víctimas que durante muchos años han enfrentado la impunidad”. Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, señala, sin embargo, que se trata sólo de un paso en la lucha por la verdad y la justicia.
Sergio Méndez Silva, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), asociación civil que acompaña el caso Radilla, explica que recientemente el gobierno de México publicó un libro con la semblanza de la vida del líder comunitario. Sin embargo, “no es un documento que muestre el arrepentimiento o reconocimiento del Estado mexicano para con las víctimas”.
En abril de 2008, el general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien sería responsable de la desaparición de Rosendo Radilla y de, al menos, otros 600 guerrerenses, fue condecorado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por su “lealtad, patriotismo, abnegación, dedicación y espíritu al servicio de México y sus instituciones”.
Este hecho evidencia la falta de voluntad de las autoridades mexicanas, apunta Méndez Silva. Ahora, los familiares de Radilla Pacheco, entre ellos su hija Tita Radilla, han decidido no recibir el dinero de la indemnización hasta que el Estado mexicano realice una investigación seria y diligente.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la CMDPDH y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan refieren las acciones que la autoridad debe emprender para que el fallo de la SCJN sea efectivo: que el Congreso de la Unión dictamine la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar a la luz del resolutivo del máximo tribunal mexicano; que Calderón decline la iniciativa de reforma a este código que entregó al Senado en octubre de 2010 y que si presenta una nueva, ésta responda a los estándares internacionales; que la Procuraduría General de la República solicite a los tribunales militares sus investigaciones sobre violaciones a derechos humanos cometidas por militares; y que el tema del fuero militar salga de las discusiones de la Ley de Seguridad Nacional.
Además, exigen a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que califican de “omisa”, que se pronuncie sobre el tema y que en futuras recomendaciones sobre violaciones a derechos humanos perpetradas por militares, “cese su práctica de solicitar que se le dé vista al Ministerio Público Militar, para que sea la autoridad civil la que conduzca las investigaciones”.
De acuerdo con datos de la Sedena, al menos, 216 militares deberán estar sujetos al fuero ordinario. También, comentan las organizaciones de derechos humanos, los elementos castrenses que violaron y torturaron a Inés Fernández Ortega y a Valentina Rosendo Cantú, indígenas me’phaa; así como los que torturaron a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas.
“Crimen organizado, autor del 40 por ciento de las desapariciones”
Tomás Pérez Serrano, director del Programa de Presuntos Desaparecidos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) asegura que, en los últimos años, al menos entre el 40 y el 45 por ciento de los casos concluidos está relacionado con la delincuencia organizada.
A la fecha, el organismo autónomo sólo ha emitido cuatro recomendaciones por desaparición forzada. La 26/2001, en la que reconoce la desaparición, durante la Guerra Sucia, de 275 luchadores sociales; la 9/2005, sobre el caso de Alejandro Martínez Dueñas, Jesús González Medina y Gabriel Sánchez Sánchez, quienes fueron desaparecidos el 30 de junio de 2001 por elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Colima; la 15/2005, que refiere la desaparición de Luis Verea Falcón perpetrada en 1997 por agentes de la Policía Judicial de Morelos; y la 7/2009, respecto de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez durante un operativo a cargo de militares y policías de Oaxaca.
Ninguna de estas recomendaciones ha sido satisfecha por el Estado mexicano, refiere Tomás Pérez Serrano. “Ninguna de ellas se ha concluido porque no se han alcanzado a cumplir en su totalidad, sino de manera parcial, sus puntos”.
Cuestionado sobre el escaso número de recomendaciones que emite la CNDH en relación con las quejas que recibe (de 2000 a la fecha ha recibido al menos 679 por desaparición forzada) y los casos que demandan las organizaciones no gubernamentales, Pérez Serrano lamenta que sólo en estos cuatro casos se haya podido acreditar fehacientemente la desaparición forzada.
No obstante, asegura que todas las quejas que llegan al Programa continúan abiertas, en tanto se desconozca el paradero de las víctimas. Los casos son radicados en el Sistema Nacional de Información de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas, integrado por alrededor de 1 mil expedientes.
A decir de Pérez Serrano, al gobierno mexicano le ha faltado objetividad, un poco de voluntad política, pero sobre todo, plena comprensión de que para que los instrumentos internacionales y regionales en materia de derechos humanos funcionen, se requiere además del consenso de las autoridades involucradas en los tres órdenes de gobierno.
El titular del Programa de Presuntos Desaparecidos asegura que con la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, promulgada el pasado 9 de junio, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la competencia de su Comité “van a ser más importantes y más de fondo”, por lo que ese y otro temas “se van a empezar a trabajar en su conjunto”.
Los cambios constitucionales favorecerían, asimismo, las investigaciones de desapariciones forzadas. Las restricciones para que la CNDH acceda a los expedientes de los Ministerios Públicos quedarían en el pasado; además, los funcionarios que no colaboren con el organismo autónomo, como los gobernadores que se niegan a aceptar sus recomendaciones, tendrían que responder ante los tribunales, expone Pérez Serrano.(Contralínea)