Un cuarto del país
en poder de mineras extranjeras

Los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón han concesionado 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas de territorio nacional a la industria minera. Se trata de más de una cuarta parte de la superficie de la nación. Trasnacionales canadienses son las principales beneficiarias. Como en la época de la Colonia, la explotación de oro y plata es el principal objetivo de las empresas extranjeras, revelan documentos de la Secretaría de Economía. “La minería está viviendo una época de florecimiento”, considera diputado de Acción Nacional

Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila encabezan la lista de entidades donde más proyectos se han concedido a la industria minera. Son ya más de 26 mil los permisos otorgados para la exploración, explotación y producción de metales preciosos y minerales desde que el panismo ascendió al poder.

Los padrones de Expedición de títulos de concesión minera –durante el periodo 2000-2009, año hasta el cual están actualizados los documentos de la Secretaría de Economía– revelan que a esa fecha habían sido concedidas en el país 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas, a través de 24 mil 531 concesiones. Los títulos se incrementaron a 26 mil 43 los últimos dos años de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, según indican dos informes más, elaborados por la misma dependencia federal.

El informe Proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero 2010, realizado por la Secretaría que encabeza Bruno Ferrari García de Alba, revela que las empresas más beneficiadas ese año fueron: la australiana Azure Minerals, Ltd, que obtuvo 25 concesiones mineras; las canadienses Almaden Minerals, Ltd, con 17; Dia Bras Exploration, Inc, con 16; Pediment Gold Corp, 14; y Goldcorp, Inc, con 11 autorizaciones (Contralínea, 179 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/25/entregan-oro-y-plata-de-mexico-a-trasnacionales/
).

La Secretaría encargada de llevar a cabo las políticas económicas del país informa, a través de su documento Estadísticas sobre exploración minera, octubre de 2011, que “existen 293 empresas con capital extranjero operando en México”.

Francisco López Bárcenas –coautor del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México– considera que las concesiones entregadas a las trasnacionales son “una pérdida de soberanía, porque el otorgamiento de concesiones implica que el Estado ya no puede entrar a esos lugares”.

Además, el maestro en derecho y desarrollo rural por las universidades Nacional Autónoma de México y la Autónoma Metropolitana, respectivamente, critica el tiempo que duran las concesiones, de hasta 50 años se puede renovar y llegar hasta los 100. “Sospecho que esto se hace, también, para especular en el mercado, donde los que salen ganando son los inversionistas extranjeros. El negocio no sólo es explotar la mina, sino tener la concesión para controlar el precio del mineral a nivel mundial”.


Las cifras

Los padrones de la Dirección General de Minas indican que durante la administración de Vicente Fox Quesada fueron concedidas 30 millones 57 mil 417 hectáreas, a través de 17 mil 629 títulos. Los kárdex del foxismo revelan que 2005 fue el año más beneficioso para la industria. En ese periodo fiscal fueron palomeados 2 mil 896 títulos que implicaron la concesión de 6 millones 632 mil 537.18 hectáreas.

Antes de concluir el quinto año de la administración calderonista, los permisos concedidos sumaron 8 mil 414, e implicaron el otorgamiento de 21 millones 936 mil 895.7 hectáreas, que representan el 72 por ciento de lo otorgado un sexenio anterior. Los informes correspondientes a los ciclos 2010 y 2011 no detallan el número de hectáreas autorizadas en esos años.

Las cifras oficiales indican que 2006 fue el año en que más concesiones se han otorgado –en 11 años de panismo–, al sumar 8 millones 377 mil 896.77 hectáreas. En este periodo se concedieron 2 mil 423 títulos. Al iniciar la actual administración, Sonora fue la entidad que más licencias registró con 2 millones 226 mil 784.62 de hectáreas y 592 títulos.

Luis Enrique Mercado Sánchez –integrante de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados por el Partido Acción Nacional– niega que haya tal beneficio a las trasnacionales: “Son extranjeros pero el recurso del suelo, salarios y lo que pagan ellos por la concesión minera es de los mexicanos. La minería está viviendo una época de florecimiento por los nuevos descubrimientos y, porque los precios de los metales han subido extraordinariamente. Vemos un proyecto mexicano muy boyante”.


Trasnacionales en México

Los dos últimos informes elaborados por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía revelan que las empresas de origen canadiense son las que acaparan las concesiones para la exploración, explotación y producción en las minas mexicanas.

El 25 de abril de 2010, Contralínea documentó que tan sólo en ese año se encontraban en México 187 compañías de origen canadiense en la búsqueda de oro y plata (este último metal precioso ha colocado al país en el segundo lugar de la producción mundial). Secundaban las firmas estadunidenses en la búsqueda de la riqueza minera; seguidos por Australia, Reino Unido, India, Japón, Corea, Luxemburgo, Perú y Chile.

En 2011, la Secretaría de Economía indicó que “existen 293 empresas con capital extranjero operando en México, las cuales manejan un portafolio de 808 proyectos en total” (esto, durante el periodo fiscal 2011).

Del total de empresas con capital extranjero que operan en el país, 213 tienen sus oficinas centrales en Canadá; 45, en Estados Unidos; ocho, en la República Popular China; cinco, en Australia; cuatro, en Inglaterra; al igual que en Japón y Corea del Sur; y dos, en India y Perú. Y una en Luxemburgo, Chile, Italia, Bélgica, España y Holanda, respectivamente, indican las Estadísticas sobre exploración minera, octubre de 2011.



El mismo informe descubre que aproximadamente 506 proyectos están asociados con oro y plata, es decir, el 63 por ciento; 141 son polimetálicos, 17 por ciento; el cobre con 98 proyectos, 12 por ciento; el hierro alcanza 39 planes, con el 5 por ciento; y los 24 restantes con otros metales y materiales, como el germanio, cobalto, titanio, molibdeno, bismuto, estaño, platino, galio, litio-potasio, paladio, antimonio, níquel, vanadio, wolframio (tungsteno), mercurio, zeolita-chabazita, barita, pórfidos, boratos, wollastonita y roca fosfórica, lo que representa el 3 por ciento; sin embargo, en la mayoría de los casos se consideran a estos minerales como subproductos o asociados con los minerales metálicos.

Mario Di Costanzo Armenta –integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público por el Partido del Trabajo, en la Cámara de Diputados– opina que el “acaparamiento de las concesiones mineras en manos de trasnacionales es una absoluta pérdida de soberanía. Además, de que no cumplen con las condiciones mínimas para que sus mineros desempeñen sus trabajos”.

En contraste, el diputado priísta Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, integrante de la Comisión de Economía, dice que no hay que “satanizar” a las trasnacionales que han obtenido concesiones.

“No hay que decir que son un demonio las empresas extranjeras; lo que debemos tener es un esquema de regulación que permita que empresas extranjeras o mexicanas cumplan con todos los requisitos.

“Tenemos que preocuparnos por establecer los márgenes en los que se puedan manejar las empresas, no se trata de hacernos víctimas porque son extranjeros. Lo que debemos hacer como diputados es modificar la ley que permite esto. Si cualquier empresa, mexicana o extranjera, se aprovecha de los empleados, no paga los suficientes impuestos, hace un uso mayor del que puede hacer de la mina a la que tiene derecho, el gobierno federal tendrá que actuar en contra de ello, pero no por su nacionalidad sino porque cumplan o no las leyes mexicanas.”


La Auditoría Superior y la Constitución

En el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones en el otorgamiento de las concesiones; 24 de 48 solicitudes hechas por las empresas para obtener los permisos (de 108 expedientes muestra) “carecen de las actas constitutivas que acrediten que las sociedades son de nacionalidad mexicana y [que] tienen como objeto social la exploración o explotación de minerales”.

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que “sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas.

“El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo.”



López Bárcenas, coautor del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México, expone que la minería es la cuarta fuente de entrada de divisas al país, superada por el petróleo, la industria automotriz y el sector turístico.

La industria se ha vuelto importante por los recursos que genera, pero los campesinos son los que están rentando sus tierras muy baratas; son mano de obra barata y padecen un fuerte impacto ambiental en sus comunidades. “Es un saqueo total de los recursos no renovables. Los estamos, prácticamente, entregando. No le va a quedar nada al país”.

El maestro en derecho y desarrollo rural agrega que “el abandono de este sector por parte del Estado mexicano tiene que ver con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como con los intereses de una burguesía trasnacional. Se debe recuperar el espíritu del artículo 27 de la Constitución que dice, en síntesis, que los bienes y su explotación son de la nación y su desarrollo, que se debe dar el reparto equitativo de los recursos entre los mexicanos y cuidar que no se agote”.


Violaciones a los DH

Coahuila, la segunda entidad con más concesiones autorizadas en todo el país, al llegar a 6 millones 213 mil 305.67 hectáreas, a través de 2 mil 183 títulos, también es donde más violaciones a los derechos humanos se registran en la industria minera.

El Informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, evidencia que “las condiciones en las que se realizan los trabajos de explotación del carbón distan mucho de ser las idóneas para asegurar un trabajo digno”.

Documenta que “conforme a lo establecido en el artículo 123 constitucional y los diversos instrumentos internacionales en que el Estado mexicano es parte, en tanto que no se da cumplimiento a las medidas de seguridad e higiene indispensables para efectuar dicha actividad, además de que las acciones emprendidas por el Estado no son suficientes para garantizar la integridad de los trabajadores, lo que contraviene sus derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, personal e incluso, a la vida”

Destaca que Coahuila registra el índice más alto de incapacidades laborales del tipo parcial permanente en todo el país. En 2008, obtuvo el primer lugar en incapacidades permanentes por accidente de trabajo, que dañaron a 797 trabajadores; también ocupó el primer lugar por incapacidades permanentes por enfermedades de trabajo, que afectaron a 705; y el primer lugar en enfermedades de trabajo, que perjudicó a 723 mineros, de los 3 mil 681 del registro nacional.

Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con la coordinadora general de Minería de la Secretaría de Economía, Jimena Velarde Altamirano. Al cierre de edición no se obtuvo respuesta.



Coahuila: mineros en calidad de servidumbre

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos retoma la información contenida en el V Informe Pasta de Conchos. Dime desde allá abajo, elaborado por la organización Familia Pasta de Conchos, sobre la situación de la minería de carbón en Coahuila. Destaca las condiciones laborales en estos centros de trabajo: la mayoría de las minas no cumplen con las normas de seguridad e higiene; los pozos no cuentan con una salida de emergencia; no se han constituido comisiones de seguridad e higiene como marca la ley; los trabajadores no tienen capacitación para el trabajo ni equipo de seguridad mínimo, como metanómetros, botas, lámparas, cascos, etcétera; tienen que utilizar su propio equipamiento, ya que la empresa o los contratistas no se los proporcionan; el minado de los pozos y de muchas minas se hace restringiendo los materiales para su construcción y forzándolos al máximo; en lugar de poner cuatro ademes (soportes), se ponen dos y no se emparrillan los techos de los túneles; y el empleo que generan los pocitos es inseguro, subregistrado y altamente peligroso.(Contralínea)

La Guerra por el Agua
Inocencio Valdés Vázquez

Veracruz ya importa de Puebla gran parte de su provisión de agua. Ante el persistente estiaje en algunas zonas, se avisoran conflictos intercomunales ante la falta de inversión en infraestructura y en educación

Las guerras del futuro entre comunidades y países no serán para frenar las invasiones, para detener la xenofobia o la intolerancia religiosa, sino por el agua advierten académicos de la Universidad Veracruzana, especialistas, funcionarios de gobierno y líderes religiosos.

La investigadora y catedrática de la Facultad de Instrumentación Electrónica de la UV, Carolina Ochoa Martínez señala que la demanda de agua se incrementó seis veces en la última década,”que equivale al doble de la tasa de crecimiento demográfico”.

Ochoa Martínez establece que hacia 1900 en México, el consumo per cápita anual era de 250 metros cúbicos, mientras que en la actualidad es de 700 metros cúbicos al año. En contraste, en Canadá esta cifra se duplicó y por ese concepto ese país ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos.

Advierte la académica que de continuar este ritmo acelerado de gasto, para el 2025 dos de cada tres personas enfrentarán graves problemas de escasez de agua.

El panorama que describe la analista es aterrador pues destaca que por cada metro cúbico de aguas residuales contaminadas que se descargan en acuíferos,”se vuelven no aptos para el consumo entre 8 y 10 metros cúbicos de agua pura.

De ahí que anualmente, un promedio de 3.4 millones de personas —niños en su mayoría—, mueren por enfermedades relacionadas con el agua, puntualiza Ochoa Martínez quien colabora en la importante revista Ciencia y el Hombre de la Universidad Veracruzana.

Su investigación establece que a esa cifra se agregan 2.2 millones de personas que mueren por enfermedades diarreicas vinculadas a servicios insuficientes de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene.

En relación con tal problemática, un informe de 1999 de la Comisión Nacional del Agua (CNA), señalaba ya que en México sólo existen mil plantas tratadoras de aguas residuales municipales con un caudal de 42.3 metros cúbicos por segundo, aunque sólo 29 metros cumplen la normatividad vigente.

Jalapa y Quimiltlán luchan por agua

La denominada “guerra líquida” —que aún no tiene una escalada—, tiene ya sus primeros conflictos serios en las grandes ciudades, por graves problemas de desabasto del vital líquido, la contaminación de los mantos acuíferos, ríos y lagunas, el uso indiscriminado y desperdicio vergonzoso, políticas inadecuadas de planeación y conflictos internos entre autoridades.

Jorge Ojeda Gutiérrez, titular de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Jalapa señala que 45 por ciento del agua que abastece a la capital veracruzana debe traerse del estado de Puebla.

“Son aproximadamente mil litros por segundo y vienen del río Huitzilapa del municipio de Quimiltlán, Estado de Puebla a 72 kilómetros de distancia”, ilustra el funcionario.

Este río nace en la comunidad de Quimixtlán y es un agua superficial, por lo que se infecta en su trayectoria. Cuando llega a Veracruz se le somete a un proceso de potabilización así como al flujo del río Cinco Palos que colinda con Coatepec, municipio vecino de Jalapa.

El técnico Ojeda explica que a ambos abastecimientos se les potabiliza en la planta, de donde salen aptos para consumo humano. “Quitamos algas, hongos, líquenes y bacterias y la mandamos totalmente potable a la ciudad”.

Al respecto, ex líderes del Sindicato de Trabajadores de la Comisión Municipal del Agua y Saneamiento (CMAS) como Arturo Villegas, señalan que el gobierno municipal de Jalapa, debe pagar una “alta cuota económica (estimada hace años en más de un millón de pesos anuales) y dotar de servicios al Ayuntamiento de Quimiltlán, para que sus habitantes no “cierren las llave”.

Para Villegas ese problema “se agudiza cada tres años al cambiar la administración municipal, pues si no hay autoridades capaces y negociadoras estalla.”

Recuerda que en varias ocasiones los pobladores de Quimiltlán —la mayoría campesinos de escasos recursos—, han amenazado con cerrar las válvulas de abastecimiento de la Presa Huitzilapan por el incumplimiento de los acuerdos pactados por las autoridades jalapeñas.

Así ocurrió al iniciar este año cuando estalló la huelga de trabajadores de la CMAS ——la primera en el Estado y que desestabilizó e incomodó al gobierno municipal del empresario Ricardo Ahued—— encabezada por su líder, José Luis Hernández López quien exigía mejor trato y la renuncia del director, Oscar Fernández Rivera.

Los compañeros de Hernández en Puebla amenazaron con cerrar las válvulas si no se llegaba a un arreglo en ese conflicto y que provocaría el caos entre los jalapeños. El gobierno estatal intervino y conjuró la huelga ante la falta de capacidad negociadora de las autoridades municipales de Ahued.

Para evitar que se repita la amenaza de desabasto de agua en la capital del estado por la presión sindical o de los quimitlences, los alcaldes de Jalapa y Quimiltlán firmaron un convenio de mutuo apoyo.

Oro para empresas

Sin embargo, otros municipios veracruzanos enfrentan problemas similares. Algunos ya causaron disputas entre habitantes por la posesión de pozos de agua y espacios de suministro.

Ante tal situación ha surgido el auge de empresas purificadoras de agua —de dudosa procedencia y calidad sanitaria—, que venden el garrafón de 19 litros a 18 pesos. La escasez y desabasto doméstico del líquido permitió a la transnacional Coca Cola comercializar agua purificada como uno más de sus productos.

Ese negocio particular prospera porque el líquido que proviene del Sistema de Agua no es potable y por tanto debe hervirse, lo que resulta oneroso por el alto consumo de gas doméstico. Además, ante el total desdén de las autoridades, algunos particulares venden pipas de agua con precios que oscilan entre 200 y 500 pesos, en el estiaje. Oro por agua, buen negocio.

No es casual entonces que especialistas de la CNA, de la Comisión Estatal del Agua, las Comisiones Municipales de Agua y Saneamiento(CMAS) y hasta sacerdotes, adviertan a los veracruzanos de que se agoten los mantos acuíferos y de la inminente guerra por el agua.

Obsoleta y excluyente

Víctor González Jiménez especialista hidráulico y asesor de la CNA explica que la infraestructura hidráulica de Jalapa data de 1900.

“Muchos de los drenajes todavía son petrificados — a base de cal — y al reparar algunos tramos en el centro de la ciudad, ocasionan enormes cavernas. Si no los arregláramos, hasta el camión de la basura se iría por ahí” ironiza.

Subraya que desafortunadamente, Jalapa fue abandonada políticamente hace 40 o 50 años, y para tener la infraestructura que su población requiere se requerirían al menos 2 mil millones de pesos.

Denuncia el especialista hidráulico que “los recursos que entonces llegaban al Estado iban para Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza Rica y Jáltipan porque eran zonas petroleras y a Jalapa la dejaron como una ciudad burocrática—estudiantil”.

Futuras sequías

Para la Comisión Nacional del Agua en el pasado medio siglo la disponibilidad de agua por habitante en el país bajó en 60 por ciento y de continuar esta tendencia sobrevendrá una crisis de desabasto en pocos años.

El organismo señala que en 1950 el recurso disponible per cápita era de 11 mil metros cúbicos, mientras que en este momento es de 4 mil 600 metros, lo cual aún está dentro de las normas internacionales.

De mantenerse la sobrexplotación de acuíferos, el bajo tratamiento de aguas residuales y el mal uso del líquido, la problemática se agudizará en la próxima década y ahora, los conflictos por el recurso ya se extienden a gran parte del territorio nacional.

Para el 2010, el gobierno mexicano tiene el desafío de abastecer de agua a la mitad de la población que carece del recurso, que representan 10.6 millones de personas, conforme al compromiso asumido en la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo.

La solución a este problema desde Conagua y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es: privatizar el recurso.

Para Conagua, es necesario eliminar los subsidios al servicio de agua potable, a los que llama un "incentivo perverso" en la actualización de las Estadísticas del Agua en México.

En igual sentido, para la OCDE el manejo del líquido en México es “insustentable” pues la inversión en infraestructura es de las más bajas —apenas la mitad de lo necesario para alcanzar un escenario sano—.

Agrega la OCDE que no se respetan las normas y las pérdidas en el suministro son elevadas, al tiempo en que se sobrexplotan las aguas subterráneas y que, hasta ahora, los aspectos ecológicos de la calidad del líquido reciben poca atención.

Por lo anterior, ese organismo internacional recomienda a México aumentar la inversión para cumplir con los objetivos del 2025 y las metas de Johannesburgo para 2015 para reducir a la mitad a la población mundial sin agua potable.

Para ello, el organismo plantea que debe alentarse a las empresas proveedoras de agua potable y de manejo de aguas residuales para que obtengan la certificación ISO y elevar el funcionamiento operativo de las plantas de tratamiento. Recomienda mejorar la eficiencia del uso de líquido para la agricultura de riego, así como adoptar medidas para detener la sobrexplotación de mantos acuíferos.

Conagua considera en sus informes que a las necesidades de inversión para abatir el rezago existente y cubrir la nueva demanda de agua potable y alcantarillado se suman problemas financieros, técnicos, organizativos e institucionales de los prestadores de servicios.

"El agua gratuita o subsidiada significa un incentivo perverso que favorece el derroche y la ineficiencia. La desaparición de los subsidios al precio del agua resulta prioritario. Los precios deben estructurarse sobre bases transparentes que permitan la recuperación total del costo y que incluyan criterios económicos y ambientales" prevé Conagua.

Aunque las acciones del organismo permitieron dotar de agua a 7 millones de personas, persisten 10 millones sin el recurso. Con los decretos de condonación de derechos por descargas de aguas residuales, se espera que en 2007 las poblaciones mayores de 20 mil habitantes podrán tratar todo ese líquido.

Finalmente, la catedrática de la UV, Carolina Ochoa Martínez enfatiza el aspecto educacional. El mal uso del agua provoca desequilibrio en la naturaleza, pues sólo 2.53 por ciento del agua es dulce y “por ello urge que la población sea conciente del adecuado manejo de este precioso líquido”.

La universitaria propone acciones urgentes: informar sobre el uso adecuado del agua, restringir gradualmente su uso a industrias por leyes, establecer plantas de reciclaje para las aguas residuales y administrarlas para que brinden mejor servicio, promover proyectos innovadores y aumentar el número de lugares de almacenamiento.



Agua bendita


La gravedad de esta situación también fue revelada por una investigación de Sergio Obeso Rivera obispo de Jalapa. En él establece que México — uno de los siete países mega diversos del mundo—, está al borde de una grave crisis de aprovechamiento y manejo del agua.

Indica la investigación del prelado: “las principales fuentes de abastecimiento de agua potable del país se están agotando; unas se encuentran convertidas en focos de infección y otras están casi secas o en el límite de su vida útil.

“78 por ciento de las aguas residuales y 85 por ciento de las industriales se vierten en los cuerpos de agua naturales sin tratarse (de todas las aguas residuales sólo se trata del 24 por ciento)”, cita el texto.

Lo más grave, agrega el tres veces presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) , es que en las redes municipales se fuga el 50 por ciento del agua; 55 por ciento del agua agrícola se pierde por evaporación e infiltración.

A lo anterior se suma que “el promedio de la precipitación en México es de 777 mm anuales y su distribución es muy irregular” (hay regiones que padecen sequía y otras inundaciones) y en general, las lluvias se acotan a un periodo restringido que pocas veces va mas allá de junio a septiembre”.

En aprovechamiento de agua, el documento del presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social explica que casi el 83 por ciento del volumen total se destina al riego, 12 por ciento para uso doméstico, 3 por ciento al uso industrial y el 2 por ciento restante a la acuacultura.

Hay que considerar – acota Obeso Rivera—, que la demanda se concentra en los centros urbanos e industriales, en tanto que no todas las zonas rurales poseen sistemas de riego.

“Por lo menos 40 núcleos urbanos, los más extensos y de mayor desarrollo económico, enfrentan serios problemas para asegurar el suministro de agua potable. Al menos 16.5 por ciento de las poblaciones mexicanas tienen graves problemas para conseguir agua potable para el consumo doméstico y más del 20 por ciento no tienen servicio de alcantarillado.(Este reportaje fue publicado cuando era alcalde de Jalapa, Ricardo Ahued y el obispo de la diócesis Sergio Obeso Rivera)

El agravamiento de la crisis

Las Bolsas se desploman ante el sombrío

panorama de la economía internacional

Los inversores aceleran las ventas decepcionados por el mensaje de la Fed. -La banca y la industria son los sectores más castigados. -La prima de riesgo de Italia roza niveles de récord

MADRID.- El rosario de malos augurios sobre la situación económica internacional que se han conocido esta semana ha dado nuevos bríos a la tendencia bajista en los mercados financieros, que al mismo tiempo no acaban de creer en la efectividad de las medidas que se están anunciando a ambos lados del Atlántico para detener la hemorragia. Primero fue el FMI quien avisó de que el estancamiento se prolongará durante más tiempo de lo previsto y llegará a 2012. Un día después, el miércoles, este organismo trasladó el foco de atención sobre la banca, dado que si nadie le pone remedio, los problemas de liquidez derivados de la crisis fiscal del euro pueden dejar al sector al borde del colapso. Y por si esto fuera poco, ayer la Reserva Federal cerró el círculo al advertir de que los riesgos a la baja sobre la primera potencia mundial son "significativos".
Pérdidas en las Bolsas a la espera de la reunión de la FED
Bernanke canjea 300.000 millones de deuda para estimular la economía
Ante este sombrío panorama, los inversores, que la semana pasada recuperaron una pequeña parte de su optimismo volviendo a entrar en las Bolsas, han cambiado de opinión y han optado por descontar que el frenazo será más intenso de lo esperado. Esta tendencia, que ya ayer provocó caídas en los principales parqués de referencia, se ha intensificado esta mañana. También en la deuda se ha dejado notar con fuerza el incremento de las dudas sobre el final de una crisis que se supera a medida que avanza el tiempo. Mientras, en el mercado de divisas, el euro caía a 1,34 dólares y marcaba su valor más bajo frente a la divisa estadounidense de los últimos ocho meses.
A la hora de comer, Madrid y París lideraban los recortes que se extendían por toda Europa por el mayor castigo a sus bancos. Así, mientras el selectivo español Ibex 35 se dejaba un 5,13% y decía adiós a la cota psicológica de los 8.000 puntos con Santander o BBVA cediendo entre un 4,7% y un 5%; el Cac 40 parisino perdía un 5,33%. En su caso, las dudas por la exposición de las grandes entidades financieras del país a una eventual quiebra de Grecia se traducía en descensos de hasta el 7,4% en la muy castigada Société Générale y del 5% en Credit Agricole. El mayor banco francés, el BNP Paribas, registraba unos números rojos a la misma hora del 4%.
En el resto de Europa, el Dax de Fráncfort descendía un 4,71% con Deutsche Bank perdiendo otro 5,13% y el Commerzbank un 3%. Mientras, Londres bajaba un 4,15% y Milán un 3,5%. La jornada en el principal parqué italiano ha estado marcada por la decisión de Standard & Poor's de rebajar la nota de solvencia de siete bancos del país, entre ellos el Intensa Sanpaolo y Mediobanca. No obstante, la reacción de los inversores al tijeretazo no ha sido muy negativa y sus acciones han logrado librarse del correctivo al conjunto del sector europeo dado que ya lo había descontado. La razón, que era previsible después de que esta agencia rebajase la calificación de la deuda del Estado en un escalón el martes. Junto a las entidades financieras también estaban sufriendo un serio correctivo los valores industriales, ya que el parón económico reducirá sensiblemente sus pedidos.
Antes de la apertura en el Viejo Continente y tras los recortes de ayer, los principales parqués asiáticos han sufrido fuertes recortes en torno al 2% en el Nikkei de Tokio o del 0,08% en el Hang Seng de Hong Kong. En China, precisamente, se han disparado las alarmas al conocer el dato PMI del sector manufacturero del país, que lleva tres meses consecutivos por debajo de la frontera de los 50 puntos que marca la diferencia entre el crecimiento y la contracción. Más malas noticias que se suman al augurio de la Fed.
El instituto emisor estadounidense advirtió tras su esperada reunión de dos días que los riesgos a la baja para el crecimiento son significativos. Asimismo, aunque, tal y como se esperaba anunció medidas para favorecer una política de tipos de interés bajos, lo que debería estimular a la estancada economía de la primera potencia mundial, nada dijo sobre una eventual recuperación de la compra masiva de deuda (Q3). Esta omisión ha decepcionado a los inversores, que aunque no contaban con esta medida de forma inmediata, si confiaban en que la Reserva Federal diese alguna señal de que está en la recámara ante el más que probable parón económico que está por llegar.
"La reacción negativa de las bolsas entendemos que responde a la visión pesimista de la Fed sobre el crecimiento económico, que podría hacer necesaria la adopción de nuevas medidas de estímulo monetario", ha afirmado en una nota a clientes el broker Renta 4.
En la deuda, por su parte, también domina el pesimismo. Tras las paulatinas subidas en la presión contra los periféricos del euro, sobre todo contra España e Italia, que copan ahora la atención de los inversores, hoy ha tocado volver a sufrir, sobre todo a los títulos del Tesoro italiano. Así, en los primeros minutos de la sesión, la prima de riesgo de Italia, que es el diferencial entre sus bonos a 10 años frente a los alemanes, de referencia por su estabilidad, ha rozado durante unos instantes el que hasta ahora sigue siendo su máximo histórico: los 416 puntos básicos que marcó el 8 de agosto antes de que el Banco Central Europeo reactivase su programa de compra de bonos.
No obstante, tras llegar a subir a 413 puntos básicos en la apertura, el indicador ha moderado su escalada al entorno de los 400 puntos básicos, un nivel que en cualquier caso es inadmisible, según los expertos, para un país cuya deuda pública asciende al 117% y, por tanto, tiene muchos intereses que pagar. Para España, su prima de riesgo, que es el mejor termómetro de la confianza en sus finanzas y que fija las condiciones de financiación de un determinado país, ha repuntado a 374, su nivel más alto desde agosto. Sin embargo, luego también se ha frenado y, tras llegar a reducirse frente al dato de ayer (363), se estabilizaba sobre los 365 puntos básicos.(El País)
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Las cotizaciones bursátiles se muestran con un retraso de 15 minutos

Pemex privatiza 26 mil MDP
en operación de Repsol

Por Nancy Flores


Petróleos Mexicanos vuelve a utilizar su esquema de triangulación de recursos públicos a sus empresas “privadas”, radicadas en paraísos fiscales. Esta vez se trata de la adquisición del 5 por ciento de acciones de Repsol YPF, a través de su filial holandesa PMI Holdings. El método garantizará que esa compañía “privada” y PMI Holdings Petróleos España, también de carácter “privado”, se queden con las utilidades, mientras que Pemex asumirá las pérdidas, revela un acuerdo del Consejo de Administración aprobado por Juan José Suárez Coppel, director de la paraestatal petrolera. El dinero público implicado sólo en esa operación supera los 26 mil millones de pesos

Blindadas por su carácter de compañías “privadas” extranjeras, PMI Holdings, BV, y PMI Holdings Petróleos España, SL, se agencian un negocio de, al menos, 26 mil 51 millones 404 mil pesos. Aunque el dinero ha salido de las arcas públicas mexicanas, sus utilidades serán administradas como capital privado en cuentas particulares radicadas en el paraíso fiscal de Holanda y en España.

Y es que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha apostado otra vez a la inversión triangulada del dinero público. Así, en nombre y con recursos de la paraestatal, PMI Holdings tiene la nueva participación accionaria del 5 por ciento de la española Repsol YPF (que implica unos 21 mil 760 millones de pesos) y PMI Holdings Petróleos España, el 4.9 por ciento histórico (por 4 mil 291 millones 404 mil pesos).

Ambas forman parte de la red de 25 empresas “privadas” que la petrolera del Estado posee en México y en el extranjero al margen de la legislación nacional. A su vez, son integrantes del Grupo PMI, constituido por 11 compañías que controla la subsidiaria PMI Comercio Internacional, también de carácter privado y con autonomía fáctica financiera.

En materia petrolera, el Grupo PMI juega un papel clave: se encarga de operar la comercialización del petróleo y sus derivados en los mercados internacionales. Asimismo, de importar las gasolinas y otros petrolíferos al país. Todo ello, en total discrecionalidad, señala la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Así, al intermediar la compra de acciones de Repsol YPF, Pemex no estaría obligado a rendir cuentas ni a transparentar su multimillonario negocio: los tratos que se operan a través de sus 25 compañías no son auditables. Ello, por su carácter de privadas y porque están sujetas a leyes extranjeras. No obstante, tanto la paraestatal como el exsecretario de Energía han defendido la supuesta legalidad de la compra de acciones. La operación para aumentar la participación de Pemex en la petrolera española Repsol fue transparente y auditable, aseguró a la prensa el ahora secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, el pasado 9 de septiembre.





Erario asumirá las pérdidas

La opacidad de esta operación no se limita a la ausencia total de información y consulta al Consejo de Administración; tampoco, al manejo de los recursos públicos directamente implicados en las transacciones comerciales y en las futuras utilidades. También alcanza las pérdidas que se registren más adelante.

El acta de la sesión ordinaria 818 del Consejo de Administración de Pemex –firmada el 10 de noviembre de 2010 por la exsecretaria de Energía y actual titular de Banobras, Georgina Kessel; por David Madero Suárez, presidente suplente del Consejo, y por Alejandro Fleming, exjefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía– revela que la paraestatal asumirá con dinero público las pérdidas y contingencias financieras que enfrenten sus 25 empresas privadas, así como los negocios contraídos por éstas. Tal sería el caso de la participación accionaria de PMI Holdings y PMI Holdings Petróleos España en Repsol YPF.

El acuerdo establece textualmente: “Con fundamento en el artículo 19, fracción IV, inciso f, de la Ley de Petróleos Mexicanos, en tanto se aprueban todas las políticas a que se refiere dicho precepto, el Consejo de Administración, previa opinión favorable del Comité de Estrategia e Inversiones, aprueba como política específica que para los casos en que algunas de las filiales de Pemex haya convenido cubrir los faltantes de los esquemas de asociación que hayan celebrado, Petróleos Mexicanos pueda asumir una nueva obligación contingente de transferir los montos necesarios para hacer frente a dichos faltantes hasta por 50 millones de dólares, generándose una obligación contingente a su favor en caso de actualizarse la contingencia respectiva”.

En esa sesión participaron, entre otros, Juan José Suárez Coppel, Gerardo Ruiz Mateos, Ricardo Aldana Prieto, Carlos Arnoldo Morales Gil, Miguel Tame Domínguez, Rafael Beverido Lomelín, Homero Niño de Rivera Vela; así como los consejeros independientes Fluvio César Ruiz Alarcón, Rogelio Gasca Neri, Héctor Moreira y Fortunato Álvarez Enríquez. Ninguno se opuso al acuerdo.

La discusión se centró en las pérdidas que registró en 2010 la refinería Deer Park, copropiedad de la trasnacional Shell y PMI Norteamérica, SA de CV, una de las 11 empresas del Grupo PMI.

El acta, de la cual Contralínea posee copia, acota: “Esta política estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2010. Asimismo, se instruye al director general para que a más tardar el primer bimestre de 2011 presente para opinión del Comité de Estrategia e Inversión las políticas a que se refiere el artículo 19 de la Ley de Pemex, a efecto de que previa opinión de dicho Comité se someta a la aprobación del Consejo”.

La vigencia, sin embargo, fue únicamente una formalidad. A la fecha, esa política ya forma parte de las reglas generales de la paraestatal y aplica para las 25 empresas privadas y sus negocios.

Lejos de cuidar el patrimonio de los mexicanos, los consejeros profesionales avalaron totalmente la aplicación de esta normatividad. Durante la discusión, el doctor Gasca Neri “preguntó por qué abarcaba hasta diciembre de 2010 y no 2011”, cita el acta de sesión. A lo que, de inmediato, el consejero Ignacio Quesada respondió “que se pretendía establecer una política completa, pero como se tenía que autorizar una transacción específica en la presente sesión [el rescate de PMI Norteamérica y su inversión en la refinería Deer Park], se daba una vigencia a la política hasta el final del año”.

Deer Park Refining Limited Partnership es una sociedad al 50 por ciento entre PMI Norteamérica –filial privada de Pemex– y Shell. Ubicada en Texas, la refinería sólo ha representado ganancias para la trasnacional, pero no para Pemex. Entre otros de los beneficios, permite a Shell adquirir todos los productos resultantes de esa refinería, con base en el Acuerdo de Transferencia de Productos, firmado el 31 de marzo de 1993.

Contrario a ello, la copropiedad le reporta números rojos a PMI Norteamérica. Tan sólo en 2008, la filial registró una pérdida bruta de 2 mil 208 millones 700 mil pesos relacionados con su operación. Pemex asegura que el multimillonario déficit “se obtuvo al considerar sus ingresos por la venta de productos refinados a Shell (único cliente), menos el costo de ventas, que incluye la cuota de procesamiento pagada a Deer Park, comisiones y gastos (fees & expenses) y fletes marítimos, en los que la compañía incurrió para poder realizar sus operaciones de la refinación de petróleo crudo”, indica el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008.




Las ganancias se privatizarán

En el esquema utilizado para la compra de acciones de Repsol YPF los resultados serán los mismos: Pemex asumirá las pérdidas al tiempo que las utilidades se desvanecerán. Es más, en este trato ni siquiera queda garantizada la devolución de la inversión por más de 26 mil millones de pesos. Y es que la administración de Suárez Coppel considera legal la privatización del dinero público que Pemex transfiere, maneja y obtiene por intermediación de sus 25 empresas “privadas no paraestatales”, principalmente las del Grupo PMI.

Aunque su principal función es comercializar –por encomienda y a nombre de la paraestatal– los bienes de la nación, la petrolera mexicana considera que, al ser “sociedades privadas”, los recursos que manejan sus 25 filiales “también son de naturaleza privada”. “Por lo tanto, quedan excluidos del ámbito de competencia de la Cámara de Diputados”.

Lo anterior lo afirmaron altos funcionarios de Pemex durante una reunión sostenida con representantes de la ASF a fines de 2009. En ese encuentro se discutieron los resultados y observaciones preliminares a la revisión de la Cuenta Pública 2008.

De la reseña hecha por la ASF se desprende que los servidores públicos de Pemex citaron dos jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de “demostrar” la legalidad de la privatización del erario. También, con el objeto de evitar la fiscalización ordenada por los legisladores a los multimillonarios recursos públicos que se manejan como privados en esa empresa del Estado.

“Bajo el derecho positivo mexicano, es posible que un ente de la administración pública federal llegue a obtener recursos privados que, naturalmente, quedarán excluidos de la Cuenta Pública, tal y como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia en nuestro país a través de las siguientes jurisprudencias”: P/J-126/2006; P/J-123/2006, expusieron los altos funcionarios de Pemex.

Ambas tesis se refieren a la supuesta naturaleza privada del Derecho de Trámite Aduanero, un impuesto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público creó en 1993 como una “contraprestación privada” y que fue avalado por la Suprema Corte en octubre de 2006.

En ese contexto, los representantes de Pemex destacaron que la Auditoría Superior “carece de facultades para auditar, verificar y formular pliegos de observaciones únicamente respecto de los ingresos privados contenidos en el rubro financiero ‘DTA’ [Derecho de Trámite Aduanero]”. Criterio que también valdría, de acuerdo con Pemex, para las finanzas de sus empresas privadas constituidas en México y en el extranjero, sobre todo en paraísos fiscales, y operadas con recursos públicos.

Según la ASF, el Derecho de Trámite Aduanero –junto con la empresa Integradora de Servicios Operativos, SA, también creada por Hacienda– habría implicado un fraude multianual por más de 10 mil millones de pesos en contra de las finanzas de la nación. En esta lógica, el negocio de Repsol YPF únicamente beneficiará los bolsillos privados de un puñado de funcionarios a cargo del Grupo PMI.

Para la elaboración del presente trabajo se solicitó conocer la versión de Pemex, a través de Wilhem Friedrich Hagelsieb Garza, gerente de Comunicación Social de la paraestatal. Hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta.(Contralínea)

Con Calderón, 300% más

desapariciones que en Guerra Sucia

Por Flor Goche


En la “guerra” antidrogas, aumentan las quejas en contra de militares por su posible implicación en desapariciones forzadas de civiles. El caso más reciente, ocurrido en Tamaulipas, involucraría a marinos en la desaparición de 15 personas. De 2007 a la fecha se habrían cometido 3 mil crímenes de lesa humanidad de este tipo en México, documenta la ONU; 300 por ciento más que los ocurridos durante la Guerra Sucia. Al menos, 32 luchadores sociales y defensores de derechos humanos formarían parte de la lúgubre lista

Soldados y marinos son señalados como los autores de decenas de desapariciones forzadas de civiles, cometidas en el contexto de la “guerra” del gobierno federal contra el narcotráfico. La más reciente denuncia implica a elementos de la Secretaría de Marina en la desaparición de 15 personas entre el 1 y el 22 de junio pasado. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, hay fotografías y videos que comprueban la participación de los representantes del Estado mexicano en esos crímenes.
Apenas tres meses antes de esos hechos, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) visitó México, por considerar “alarmante” el número de quejas que ha recibido entre 2007 y principios de 2011. Al finalizar su recorrido, el 31 de marzo, dicho Grupo denunció que en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se habrían cometido unos 3 mil crímenes de lesa humanidad de este tipo; esto es 300 por ciento más que las desapariciones ocurridas durante la Guerra Sucia (1962-1987).
No obstante, la cifra podría ser mayor. Datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refieren que las quejas por extravío de personas entre 2007 y 2011 superan las 5 mil. Aunque la dependencia gubernamental no las califica como desapariciones forzadas o involuntarias, defensores de derechos humanos consideran que las posibilidades de que se trate de crímenes de este tipo son elevadas.
Para que un extravío se catalogue como desaparición forzada, se debe demostrar que el civil fue privado de su libertad por agentes del gobierno o por terceros contratados por un agente de gobierno.
En la presente administración panista, los móviles políticos –que durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional se enfocaban en guerrilleros y activistas– sí se estarían reeditando. Al menos 32 luchadores sociales y defensores de derechos humanos han desaparecido forzadamente en el actual sexenio. De éstos, se desconoce el paradero de 20; ocho fueron ejecutados extrajudicialmente y cuatro liberados.

Las cifras negras
El 22 de junio pasado se publicó en el Diario oficial de la federación el nuevo marco legal para castigar a los responsables de estos delitos (Decreto Promulgatorio de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas). Pese a ello, el gobierno de México no parece estar realmente comprometido con el esclarecimiento de estos hechos.
Considerados por el derecho internacional como de lesa humanidad, estos crímenes permanecen impunes, al igual que las más de 1 mil desapariciones forzadas que se registraron en la Guerra Sucia; las de decenas de simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la década de 1990; y las de cuatro indígenas de la comunidad Viejo Velasco, Chiapas, ocurridas en noviembre de 2006.
A pesar de que las desapariciones podrían llevar al Estado mexicano a un juicio internacional, ninguna de las instituciones del gabinete de seguridad lleva registro de ellos, se desprende de respuestas a solicitudes de información ciudadanas consultadas por este semanario.
El problema tampoco se resuelve en el ámbito local. En cada entidad federativa, son las comisiones estatales de derechos humanos y las organizaciones civiles las que van engrosando sus listas con nombres y datos de las víctimas.
Un caso dramático es el de Coahuila. Los reportes de las autoridades locales refieren 219 denuncias por ese delito. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Larios, adsctrito a la diócesis de Coahuila, también tiene documentadas 185 desapariciones forzadas en la entidad.
En Michoacán, uno de los estados que más ha sufrido la violencia de la supuesta “guerra” contra las drogas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha documentado 165 desapariciones forzadas, ocurridas entre 2010 y lo que va de 2011.
En contraste, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua asegura que su registro de denuncias es de sólo 48 desaparecidos forzadamente entre 2008 y 2010. Las cifras se potencian en Guerrero. Ahí, el Taller de Desarrollo Comunitario ha documentado 1 mil 694 casos de desapareciones forzadas entre 2005 y 2011.
Pero los estados fronterizos del Norte del país no se quedan atrás. A inicios de junio, Leonel Aguirre Meza, presidente de la no gubernamental Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, denunció que en Sinaloa se han registrado 230 desapariciones de civiles en el marco de lucha contra el narcotráfico.
Durango también se suma a los estados con dramáticos registros. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene conocimiento e investiga 176 desapariciones forzadas de personas entre 2009 y abril de 2011. Según sus estadísticas, 89 por ciento de las víctimas son hombres y 11 por ciento mujeres.
De las decenas de denuncias, la CNDH sólo ha informado de 238 casos de desaparición forzada registrados en México desde la década de 1960, según constaría en un informe que su presidente, Raúl Plascencia Villanueva, entregó al Grupo de Trabajo de la ONU el pasado 23 de marzo. Éste es confidencial, pues “contiene averiguaciones previas”, refieren funcionarios de la Comisión.
Militares implicados
En enero pasado, la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación informó a Contralínea que, durante una década de gobiernos panistas, tiene conocimiento de 74 presuntas desapariciones forzadas. Al menos 29 de estas investigaciones recaen en juzgados militares.
Se trata de los casos de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera, Rocío Irene Alvarado y 24 personas más, a cargo de la Procuraduría General de Justicia Militar de Chihuahua; y el de Raúl Evangelista Alonso y Roberto González Mosso, en manos del Ministerio Público Militar adscrito a la 35 zona militar de Chilpancingo, Guerrero, que inició la averiguación previa 35ZM/26/201.
Pero éstos no son los únicos crímenes de lesa humanidad en los que se habría probado la participación de militares. El de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez es el único caso reciente de desaparición forzada de luchadores sociales que, a través de la recomendación 7/2009, reconoce la CNDH. También, el único en el que se ha logrado establecer una interlocución con el gobierno federal, con duración aproximada de un año.
Recientemente Gabino Cué Monteagudo, gobernador de Oaxaca, aceptó la recomendación que la CNDH dirigió a la administración de su antecesor, Ulises Ruiz Ortiz. No obstante, la desaparición forzada de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), perpetrada el 24 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, continúa impune.
El 21 de abril de 2009, la Comisión de Mediación entre el EPR y el gobierno federal –un grupo de intelectuales creado en 2008 con el objetivo de posibilitar la presentación con vida de estos militantes– dio por terminada su misión ante la “falta de interés, voluntad política y actitud poco atenta” de las autoridades.
“Lo que veíamos era una intención de hacer sesiones, de sacar fotografías, de usarlo en los medios, pero no realmente de resolver el problema”, manifiesta José Enrique González Ruiz, coordinador de la maestría en derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Cuidad de México e integrante de la Comisión.
A más de cuatro años de la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, no se sabe de servidores públicos o militares a los que se les haya llamado a declarar o fincado responsabilidad; no hay evidencia de avances en la localización de los activistas; tampoco se ha llevado a juicio a los culpables; además, en la investigación de la PGR el delito que aparece es el de privación ilegal de la libertad en su modalidad plagio o secuestro y no el de desaparición forzada.
A decir de González Ruiz, este caso es “simbólico y paradigmático” por lo que “si podemos esclarecerlo y llevar a los responsables ante los tribunales, se puede abrir una rendijilla por la que se cuele la justicia para los demás casos de desaparición forzada en México”.
Desde su creación, en la década de 1980, el Grupo de Trabajo de la ONU ha transmitido al gobierno de México 412 casos. De éstos, 233 (el 57.76 por ciento) siguen sin resolverse; 16 se han discontinuado; 24 se han esclarecido con base en la información proporcionada por los demandantes; y 134, a partir de los informes gubernamentales.
Estos datos “no son representativos de la dimensión del tema en cuestión”, advierte el Grupo de Trabajo en su informe preliminar de su reciente visita a México. “El incremento de nuevos casos admitidos durante 2010 y el gran número de nuevas alegaciones recibidas durante la visita podrían indicar un deterioro de la situación de desaparición forzada en México”.
Del 18 al 31 de marzo de 2001, Jasminka Džumhur, Ariel Dulitzky y Osman El Hajjé, integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU, visitaron México. De sus reuniones con autoridades federales y locales, organizaciones de la sociedad civil, organismos protectores de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas confirmaron que el principal reto es acabar con la impunidad “para los delitos en general, y para las desapariciones forzadas en particular”.
A los representantes de la ONU únicamente se les informó de dos sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada en contra de servidores públicos, mismas que actualmente se encuentran en proceso de apelación. Respecto de las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Sucia, tuvieron noticia de que sólo el 2.5 de los casos investigados resultó en el inicio de una investigación penal; que 20 de éstos fueron consignados ante una autoridad judicial; y que si bien las investigaciones ministeriales continúan, ningún funcionario ha sido sentenciado, detenido o está en espera de juicio.
En su informe de observaciones preliminares, en el que dirige 34 recomendaciones al Estado mexicano, el Grupo asegura que la PGR “no aportó ninguna información específica respecto a las líneas de investigación, los avances significativos en las investigaciones, la posibilidad de nuevas acusaciones y los canales de comunicación con los familiares de las personas desaparecidas forzosamente”.
Para la realización de este trabajo, se solicitó una entrevista con Omeheira López Reyna, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; con Irving Barrios Mojica, subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR, y con Ricardo Nájera Herrera, coordinador General de Investigaciones de la misma dependencia. Al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Restricción del fuero militar: “sólo un paso”
El pasado 14 de julio, la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) dictaminó la restricción del fuero militar para los casos de violaciones a derechos humanos, que ahora pasarán a los tribunales civiles. La resolución se dio en el marco del análisis de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de Rosendo Radilla Pacheco, líder comunitario desaparecido por efectivos del Ejército Mexicano el 25 de agosto de 1974.
Organizaciones de derechos humanos y de familiares de desaparecidos celebran el fallo de los ministros: “Un triunfo de las víctimas que durante muchos años han enfrentado la impunidad”. Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, señala, sin embargo, que se trata sólo de un paso en la lucha por la verdad y la justicia.
Sergio Méndez Silva, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), asociación civil que acompaña el caso Radilla, explica que recientemente el gobierno de México publicó un libro con la semblanza de la vida del líder comunitario. Sin embargo, “no es un documento que muestre el arrepentimiento o reconocimiento del Estado mexicano para con las víctimas”.
En abril de 2008, el general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien sería responsable de la desaparición de Rosendo Radilla y de, al menos, otros 600 guerrerenses, fue condecorado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por su “lealtad, patriotismo, abnegación, dedicación y espíritu al servicio de México y sus instituciones”.
Este hecho evidencia la falta de voluntad de las autoridades mexicanas, apunta Méndez Silva. Ahora, los familiares de Radilla Pacheco, entre ellos su hija Tita Radilla, han decidido no recibir el dinero de la indemnización hasta que el Estado mexicano realice una investigación seria y diligente.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la CMDPDH y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan refieren las acciones que la autoridad debe emprender para que el fallo de la SCJN sea efectivo: que el Congreso de la Unión dictamine la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar a la luz del resolutivo del máximo tribunal mexicano; que Calderón decline la iniciativa de reforma a este código que entregó al Senado en octubre de 2010 y que si presenta una nueva, ésta responda a los estándares internacionales; que la Procuraduría General de la República solicite a los tribunales militares sus investigaciones sobre violaciones a derechos humanos cometidas por militares; y que el tema del fuero militar salga de las discusiones de la Ley de Seguridad Nacional.
Además, exigen a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que califican de “omisa”, que se pronuncie sobre el tema y que en futuras recomendaciones sobre violaciones a derechos humanos perpetradas por militares, “cese su práctica de solicitar que se le dé vista al Ministerio Público Militar, para que sea la autoridad civil la que conduzca las investigaciones”.
De acuerdo con datos de la Sedena, al menos, 216 militares deberán estar sujetos al fuero ordinario. También, comentan las organizaciones de derechos humanos, los elementos castrenses que violaron y torturaron a Inés Fernández Ortega y a Valentina Rosendo Cantú, indígenas me’phaa; así como los que torturaron a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas.
“Crimen organizado, autor del 40 por ciento de las desapariciones”
Tomás Pérez Serrano, director del Programa de Presuntos Desaparecidos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) asegura que, en los últimos años, al menos entre el 40 y el 45 por ciento de los casos concluidos está relacionado con la delincuencia organizada.
A la fecha, el organismo autónomo sólo ha emitido cuatro recomendaciones por desaparición forzada. La 26/2001, en la que reconoce la desaparición, durante la Guerra Sucia, de 275 luchadores sociales; la 9/2005, sobre el caso de Alejandro Martínez Dueñas, Jesús González Medina y Gabriel Sánchez Sánchez, quienes fueron desaparecidos el 30 de junio de 2001 por elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Colima; la 15/2005, que refiere la desaparición de Luis Verea Falcón perpetrada en 1997 por agentes de la Policía Judicial de Morelos; y la 7/2009, respecto de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez durante un operativo a cargo de militares y policías de Oaxaca.
Ninguna de estas recomendaciones ha sido satisfecha por el Estado mexicano, refiere Tomás Pérez Serrano. “Ninguna de ellas se ha concluido porque no se han alcanzado a cumplir en su totalidad, sino de manera parcial, sus puntos”.
Cuestionado sobre el escaso número de recomendaciones que emite la CNDH en relación con las quejas que recibe (de 2000 a la fecha ha recibido al menos 679 por desaparición forzada) y los casos que demandan las organizaciones no gubernamentales, Pérez Serrano lamenta que sólo en estos cuatro casos se haya podido acreditar fehacientemente la desaparición forzada.
No obstante, asegura que todas las quejas que llegan al Programa continúan abiertas, en tanto se desconozca el paradero de las víctimas. Los casos son radicados en el Sistema Nacional de Información de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas, integrado por alrededor de 1 mil expedientes.
A decir de Pérez Serrano, al gobierno mexicano le ha faltado objetividad, un poco de voluntad política, pero sobre todo, plena comprensión de que para que los instrumentos internacionales y regionales en materia de derechos humanos funcionen, se requiere además del consenso de las autoridades involucradas en los tres órdenes de gobierno.
El titular del Programa de Presuntos Desaparecidos asegura que con la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, promulgada el pasado 9 de junio, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la competencia de su Comité “van a ser más importantes y más de fondo”, por lo que ese y otro temas “se van a empezar a trabajar en su conjunto”.
Los cambios constitucionales favorecerían, asimismo, las investigaciones de desapariciones forzadas. Las restricciones para que la CNDH acceda a los expedientes de los Ministerios Públicos quedarían en el pasado; además, los funcionarios que no colaboren con el organismo autónomo, como los gobernadores que se niegan a aceptar sus recomendaciones, tendrían que responder ante los tribunales, expone Pérez Serrano.(Contralínea)

Con Calderón, 63 periodistas asesinados
y desaparecidos



*El más reciente el del columnista de Notiver, Miguel Ángel López

Velasco, su esposa y su hijo

En el gobierno de Felipe Calderón, 63 periodistas han sido asesinados y 11 más, desaparecidos. Ésta se recordará como la administración que llevó a México a ser el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, por encima incluso de Irak. En poco más de una década de gestiones panistas, 93 comunicadores victimados y desaparecidos. El crímen más reciente, ocurrido a fines de mayo en Veracruz y hace unos días se registró el crimen de Miguel Ángel López Velasco, Mil0 Vela, columnista de Notiver,quien fue victimado junto con su esposa y su menor hijo en el Puerto de Veracruz.
Por Mariela Paredes / Nancy Flores

Los 84 días de incertidumbre para la familia de Noél López Olguín culminaron en dolor. Desaparecido desde el 8 de marzo pasado, el cuerpo del periodista de 47 años fue localizado en una fosa clandestina el 31 de mayo, en el rancho Los Tres Hermanos, ejido Malacate, Jáltipan, Veracruz.
A López Olguín le tocó inaugurar las listas de los comunicadores desaparecidos y asesinados en 2011. Ambos registros acusan el México que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organizaciones civiles nacionales e internacionales califican como país más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo. En lo que va del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, al menos 63 reporteros han sido víctimas de la violencia: 52 asesinados y 11 desaparecidos.
La pérdida de quien laboraba en los periódicos Horizonte, Noticias de Acayucan y La Verdad se suma, a su vez, a otros 92 crímenes en contra de periodistas perpetrados en las dos administraciones federales del Partido Acción Nacional (PAN), también llamados gobiernos de la “transición democrática”.
En poco más de una década del panismo, 78 comunicadores han sido asesinados y 15 más, desaparecidos, indican datos oficiales y estadísticas de organizaciones no gubernamentales consultados por Contralínea. Ante estas cifras, es urgente atender la situación que vive el gremio peridístico en México, asegura Brisa Solís.
La directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) considera que la responsabilidad es compartida: “Tiene que haber una mejor calidad periodística, verificar bien las fuentes, tiene que haber una solidaridad dentro del gremio; y en el otro nivel [de la procuración de justicia], por supuesto, las instancias de gobierno tendrían que hacer su labor de manera más integral”.
El agravamiento de la situación es inocultable. Mientras Frank La Rue, relator de la ONU para la libertad de opinión y expresión, afirma que “México ha devenido en el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas”, la organización Reporteros sin Fronteras acusa que este país es el más peligroso en el mundo para ejercer la profesión, por encima incluso de Irak.
Tan sólo entre enero de 2010 y mayo de 2011 se han registrado 16 asesinatos y cuatro desapariciones de reporteros. De continuar esta tendencia, al terminar 2011 podrían haber ocurrido nueve homicidios más, a razón de 10.4 periodistas asesinados anualmente en este país.
Óscar Elizundia Treviño, director del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) critica que las medidas que ha tomado el gobierno en materia de protección a la libertad de expresión no representan un cambio en esta problemática, que ha costado la vida a decenas de comunicadores.
“El problema es estructural, tiene que ver con la procuración, con la impartición y con la administración de la justicia. Todos los eslabones del sistema de la justicia mexicana adolecen de rigor jurídico, de integridad en muchos casos, entonces no se presta o no se genera un clima de legalidad.”
El defensor agrega que, “lamentablemente, no hay un cambio favorable. Lo que uno percibe, lo que uno constata es que el clima de enrarecimiento es constante, generalizado y desafortunadamente no disminuye. Lo más lamentable del caso y lo que provoca este clima, este ambiente, no es otra cosa más que el tema de la impunidad. De cada 100 delitos solamente se llegan a consignar y a sentenciar dos, es decir, el premio a la transgresión de la ley es la impunidad porque el 98 por ciento de quienes transgreden la ley se salen con la suya”.
En materia de libertad de prensa y democracia, México ocupa la posición 136 de 178 en la clasificación mundial hecha por la organización Reporteros sin Fronteras, presentada en 2010. Además, está catalogado como país en “situación difícil” para ejercer el periodismo.
El problema que padece la prensa es de corresponsabilidad, asegura Darío Ramírez, representante en México de Artículo 19. “No hay un malo, no hay un enemigo en sí. Hay muchos [enemigos] y se manifiestan de diferente manera. Es evidente que el Estado tiene cumplir con sus responsabilidades internacionales y nacionales en materia de salvaguardar [a los periodistas]. Los medios tienen la necesidad de fortalecer el periodismo, y también la sociedad: mientras que la sociedad no proteja a sus periodistas, a sus mensajeros, mientras no reconozcamos que necesitamos esa profesión que genera información, que son nuestros investigadores, el costo, también político, nunca va a decrecer en aras del cambio, de la transformación”.

Saldos del panismo
En la actual administración calderonista, la incidencia de crímenes fatales en contra de periodistas ha aumentado en 241.8 por ciento respecto de la administración de Fox. De diciembre de 2000 a noviembre de 2006, fueron asesinados en promedio 4.3 periodistas por año, mientras que en el actual gobierno el cálculo asciende a 10.4 homicidios de comunicadores anuales.
La información consultada por Contralínea indica que las entidades federativas en las que se han perpetrado más asesinatos son: Tamaulipas, Chihuahua y Guerrero. Mientras, Michoacán se coloca como el estado con mayor número de periodistas desaparecidos.
Aunado a ello, la CNDH ha documentado 626 agresiones contra reporteros en los dos gobiernos del PAN; 351 de ellas –más del 50 por ciento– ocurrieron en lo que va del sexenio de Felipe Calderón.
Y aunque el presidente de la República afirme que la violencia contra la prensa y la sociedad no es responsabilidad de su gobierno, sino del crimen organizado, los ataques –que van desde las amenazas, la cancelación unilateral de la publicidad oficial, los hostigamientos, hasta las agresiones físicas– son cometidos, en su mayoría, por autoridades federales, estatales y locales, refieren la CNDH, Cencos, Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras.
El 49.03 por ciento de los ataques son cometidos por representantes de los gobiernos en sus tres niveles; el 26.45 por ciento, por el crimen organizado, y del 11.61 por ciento restante se desconoce la identidad de los perpetradores, indica el informe La violencia en México y el derecho a la información, elaborado en 2010 por Artículo 19 y Cencos.
De acuerdo con ese mismo informe, hasta ahora no habría evidencias de la participación de los agentes del Estado en tres modalidades de agresión: asesinatos, desapariciones y secuestros. Los crímenes contra los periodistas, sin embargo, se inscriben en el contexto derivado de la principal estrategia de la administración federal: la “guerra” contra las drogas.
Para el gobierno, la forma de combatir el narcotráfico es con la confrontación directa y esa estrategia, explica Balbina Flores, ha resultado en el asesinato de más de 40 mil civiles, entre ellos los comunicadores. “Pero el gobierno no piensa cambiarlo, y lo ha dicho públicamente, hasta el cansancio, en los últimos meses. Entonces no podemos más que decir que esto no va a cambiar”.
La representante en México de Reporteros sin Fronteras señala que las medidas que ha tomado la administración federal para la protección del ejercicio periodístico son insuficientes. “Han mostrado ineficacia en su aplicación. Concretamente podemos hablar de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, que fue creada hace cinco años, ha tenido tres fiscales y que, hasta este momento, no hemos conocido de la detención de los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de periodistas”.
Informes elaborados por la CNDH revelan que las autoridades son responsables en el 39.30 por ciento de las agresiones que esa Comisión ha documentado entre 2005 y lo que va de 2011. De ese total, elementos de la Procuraduría General de la República cometieron el 47.15 por ciento de los ataques; de la Secretaría de Seguridad Pública, el 21.76 por ciento; de la Secretaría de la Defensa Nacional, el 17.61 por ciento; y de las procuradurías generales de Justicia de Oaxaca y Veracruz, el 6.75 por ciento respectivamente.
La organización internacional Freedom House, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, considera en su evaluación 2011 que México es un país “parcialmente libre” para la práctica periodística.

Agresiones, en la impunidad
La situación que vive el gremio periodístico en México gira en torno a siete problemas específicos, refiere la panista Yolanda Valencia Vales, presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados: impunidad en el sistema judicial, colusión de las autoridades con los agresores, infiltración del crimen organizado en las esferas del poder público, falta de voluntad política para resolver los casos, falta de eficacia en las averiguaciones previas, falta de preparación de los cuadros policiales y falta de solidaridad entre medios de comunicación.
La legisladora afirma que es en los estados donde la situación es más lamentable: los casos están congelados. “La impunidad es una constante”. En el ámbito federal las cosas no parecen distintas: de los 99 casos que atendió la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) desde su creación –en 2006– hasta noviembre de 2009 sólo cuatro fueron consignados ante las autoridades judiciales.
El resto se resolvió de la siguiente manera: en 39, la Fiscalía se declaró incompetente; 25 se archivaron; en 16, determinó el no ejercicio de la acción penal; 15 se elevaron a averiguación previa.
Capacidad limitada de respuesta, inacción frente a los homicidios de periodistas e incumplimiento de los objetivos que le dieron origen forman parte de las autocríticas que se hiciera la Fiscalía al evaluar su propio trabajo en su informe de 2010. El 5 de julio de ese año, la FEADP fue “sustituida” por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

Acciones para inhibir el flagelo
En México, considerado el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, organizaciones civiles y gobierno proponen acciones para inhibir los riesgos:
· Secretaría de Gobernación. En diciembre de 2010, conformó el Comité Consultivo para la Implementación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas. Este órgano pretende implementar medidas de prevención y protección para quienes ejercen esta profesión. Hasta la fecha, sin resultados.
· Artículo 19 y Cencos. Mantienen el proyecto Campaña permanente de protección a periodistas en México (www.libertad-expresion.org.mx), iniciativa que reúne a 13 organizaciones de defensa de la libertad de expresión y protección a periodistas. Mediante informes, medidas de protección y monitoreo de los casos de agravio, ambas organizaciones buscan favorecer condiciones más seguras de trabajo.
· Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión. Este Frente, conformado el 10 de diciembre de 2009, es una iniciativa de trabajadores de los medios para enfrentar solidariamente el riesgo que implica el ejercicio periodístico y la restricción de la libertad de expresión.

Las acciones de la CNDH
En entrevista con Contralínea, Óscar Elizundia Treviño, director del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, dice que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mantiene cuatro líneas específicas para auxiliar a los profesionales de la comunicación.
Una de ellas es la Cartilla de derechos y deberes de las personas, documento que plasma los principios básicos con los que se debe regir la conducta social. Si cada miembro de la sociedad actúa con legalidad, la violencia en general, y en consecuencia la violencia hacia los medios, podría cesar, explica Elizundia Treviño.
Otra línea se refiere a las medidas cautelares, que van desde un botón de pánico hasta escoltas y vehículos blindados para proteger a quienes por su condición de periodistas se encuentran vulnerables. No obstante, las facultades de esta Comisión únicamente le permiten emitir medidas, el otorgarlas queda en manos de las autoridades federales, estatales o locales, según corresponda.
La tercera se refiere a la creación de un observatorio en materia de agravio a periodistas, portal que permitirá registrar geográficamente y en tiempo real las agresiones en contra del gremio. Elinzundia Treviño explica que esta herramienta pretende ser un sistema de alerta temprana e identificar los focos rojos.
Aunque aún no se puede precisar la fecha oficial de su implementación y los detalles son hasta ahora confidenciales, el observatorio ya se encuentra en periodo de pruebas.
La cuarta línea no sólo es de la CNDH, sino también de Artículo 19. Ambas instituciones trabajan en la creación de un “libro verde” que, a decir de Elinzundia Treviño, “es una guía en caso de conflicto bélico para la labor de los periodistas, de tal forma que haya reglas por medio de las cuales los periodistas puedan ejercer su función y estén debidamente protegidos”.
Esta última iniciativa se basa en The green book, una guía general de procedimientos en situación de guerra y conflictos armados, elaborado por el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña en acuerdo con los medios de comunicación.

“México, Estado fallido en materia de comunicación”
“Estamos ante un Estado fallido en el campo de la comunicación”, asegura el doctor Javier Esteinou Madrid. El investigador titular del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, critica que, desde la Revolución Mexicana, el Estado ha sido incapaz de respetar las garantías constitucionales en materia de la comunicación.
No fue capaz de construir un derecho de respuesta, de réplica; un acceso a los medios por parte de la población; tampoco, de poner límites a los poderes fácticos, debilitar los monopolios, defender a los periodistas, proteger a las radios comunitarias, observa.
En 90 años de la historia de la radio y en 60 años de la televisión, la clase política tampoco ha sido capaz de construir un nuevo modelo de comunicación que haga frente a los problemas estructurales de México. El país, detalla, está inmerso en una profunda crisis, que no es coyuntural ni es el asunto del narcotráfico ni de la inseguridad.
“El modelo global de sociedad está en crisis y ya no funciona. Para poder resolver esto nada más existen dos vías: una, la civilizada que requiere discusión, deliberación y alternativas, para lo cual se requieren procesos de comunicación; la otra es la violenta, la anárquica, la agresiva del caos social.”
No obstante, la clase política no ha permitido construir salidas comunicativas y, con esto, es a la vía violenta a la que se le está dejando la responsabilidad de resolver los problemas, a la del México bronco, señala el académico.
En este contexto, el uso de las redes sociales ha abierto nuevas formas de comunicación. Lejos de actuar como los medios electrónicos tradicionales que se resisten a dar espacio a la réplica, apelan al modelo de la retroalimentación. Además, poco a poco su ascenso modificará la forma de hacer periodismo no sólo en México, sino en el mundo.
Para el doctor Esteinou Madrid, hay un cisma con el uso de las nuevas tecnologías a partir de las redes sociales, porque “ha surgido el verdadero proceso histórico de la comunicación que nunca antes se había dado a nivel colectivo”.
Agrega que el uso de internet, no obstante que sea selectivo, permite a los actores interactuar entre sí: un emisor se puede convertir en un receptor y viceversa. “Estamos ante un nuevo modelo que sí se caracteriza por ser bilateral, no unilateral como los medios electrónicos tradicionales”.
El investigador considera que la televisión, la radio y la prensa escrita están “acorralados” en cuanto a su modelo antiguo: ya no les funciona más. “El sistema antiguo que no introduce las nuevas tecnologías ya no llama la atención, ya no es consumido o visto o escuchado por su auditorio; por lo tanto, decae y muere”.
Observa que el periodismo de investigación será parte esencial del futuro mediático, pues construye un conocimiento más profundo y por lo tanto un anclaje mucho más orgánico con la realidad, a diferencia de las “notas de maquinazo” que se elaboran rápidamente y de los mensajes inmediatos que se difunden en internet sobre un acontecimiento de interés social.
 Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia. El 25 de marzo de 2011, 715 medios de comunicación firmaron dicho Acuerdo, que sugiere, entre otros puntos, la protección a periodistas y solidarización ante cualquier amenaza contra los medios.( Contralínea)

Los empresarios se suman al Pacto para el Empleo

Por Inocencio Valdés Vázquez





Los empresarios se sumaron al Acuerdo para el Empleo y las Inversiones en Veracruz, presentado al Congreso local por el gobernador Fidel Herrera Beltrán, porque aseguraron que es el momento de sumar, no de dividir, ni de mucho menos autoexcluirse ante la inminente recesión en los Estados Unidos y la aplicación de nuevos gravámenes como el Impuesto Empresarial a la Tasa Única(IETU).

Los presidentes de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) y de la Cámara Nacional de Comercio(Canaco) en Jalapa , del Consejo Coordinador Empresarial(Cce)y el Comité Coordinador Empresarial, coincidieron en señalar que afortunadamente están dadas las condiciones y el clima de paz y tranquilidad para atraer a los inversionistas nacionales y extranjeros a fin de que se generen los empleos que requieren los veracruzanos.

Adelantaron que Veracruz tiene todo para poder crecer y que solo le hace falta nada más tener las ganas de hacerlo tanto empresarios como gobierno, “porque definitivamente todos juntos, tenemos que ir de la mano”.

El presidente de la Coparmex, Heriberto Paniagua destacó sobre el Acuerdo que una de las cosas por las que han propugnado en la Confederación es precisamente la búsqueda de consensos que permitan llegar a acuerdos en los dos factores importantes del mercado que son la parte institucional, la empresarial y la social.

En ese sentido, explicó que cuando supieron de la propuesta de un acuerdo de esta naturaleza estuvieron en la mejor disposición de apoyarlo “como lo hicimos con el Pacto para la Gobernabilidad y para el Desarrollo hace tres años”. “Creemos que va a generar buenos aspectos para la sociedad en su conjunto”, subrayó.

Son tiempos de sumar

¿Qué opinión le merece que algunos actores políticos no hayan asistido?

---Eso es lamentable, yo creo que esto forma parte de la politización partidista, más que demostrar que no están de parte de lo que está planteando el gobernador Fidel Herrera, “es tiempo de sumar esfuerzos, no de dividir opiniones”.

Dijo que el documento presentado ante los sectores veracruzanos en el Congreso local “lo analizamos y en términos generales nos parece bastante acertado como una respuesta a las necesidades laborales dentro del estado”

¿Cómo pinta el panorama para los empresarios en este 2008?

---Queramos o no en buena medida el desarrollo de cualquier entidad del país, en los tiempos actuales, está sujeta a la obra pública y como se han anunciado grandes paquetes de obras para el Estado, va a ser hasta que se concluya el Libramiento de Jalapa y otras obras que se están realizando, dentro de tres o cinco años, “pensamos que va a ver un despunte desde el punto de vista tanto de oferta de fuentes de empleo como de derrama económica.

Sobre el nuevo Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), dijo que están estudiando la posibilidad de ampararnos seriamente ”porque pensamos que ese impuesto constituye como una verdadera locura, “no comprendo como las cúpulas empresariales a nivel nacional no lo señalan ni hacen nada al respecto”.

Siempre es bueno buscar acuerdos

En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Jalapa, Juan Carlos Stivalet, calificó como favorable el Acuerdo para el Empleo “pues es bueno que siempre que se llegue a un acuerdo es un entendimiento entre varias partes y por eso “nosotros lo vemos positivo, porque si algo le falta a todos los mexicanos es ponernos de acuerdo en muchas cosas”.

Destacó que la única forma de llegar a acuerdos en beneficio del pueblo es dialogando, lograr el punto de coincidencia y trabajar todos juntos, enfocando ese punto de energía para que el país crezca.

“El acuerdo presentado en el Palacio Legislativo ante todos los actores políticos del Estado es bueno, es para resolver cuestiones pendientes y potencializar un Estado de desarrollo”, estableció el dirigente de un promedio de 3 mil afiliados a la Cámara de Comercio.

Recordó que afecta además al Estado, la situación de los migrantes en Estados Unidos pues se sabe que la industria de la construcción se ha detenido y muchos veracruzanos están trabajando en ese sector, eso es lo problemático, ¿Cuántas remesas mandan a la entidad?, se preguntó y dijo que están bajando y hay muchos pueblos de Veracruz y los alrededores que viven se las remesas.

Los que no fueron, se equivocaron

Sobre aquellos representantes del PRD, PAN , Convergencia y PT que no asistieron a la presentación del Acuerdo, dijo que “desde el punto de vista político fue una equivocación, puesto que siempre que hay un acuerdo y es positivo para Veracruz ,como en este caso, hay que participar ,no auto excluirse.

Aunque, aclaró que en el evento estuvieron alcaldes, legisladores locales y federales, senadores y funcionarios de los tres niveles de gobierno de todas las ideologías y partidos políticos.

“Fue una gran equivocación de los líderes y legisladores de los partidos políticos que no asistieron, pues se excluyeron solos , aunque ya se dieron cuenta de su error y ofrecieron que si van a signar el Acuerdo para el Empleo y las Inversiones “, aseveró

Juan Carlos Stivalet explicó al respecto que a nivel nacional el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, de extracción panista, ha pedido que hagamos un Pacto Nacional, entonces si a ese nivel lo está pidiendo, como es que localmente no nos estamos sumando todos.

Veracruz, lugar propicio para las inversiones

En cuestión de generación de empleos, subrayó que Veracruz va muy bien, está por arriba de la media nacional, porque se han dado las facilidades para las inversiones , pues finalmente los generadores de empleos son los grandes emprendedores y los inversionistas-empresarios de todos los renglones.

La verdad, estableció contundente, desde que Fidel Herrera llegó a Veracruz “se han dado todas las facilidades a los inversionistas para que las empresas se establezcan y promuevan sus negocios a través de programas de apoyos crediticios”, pues se está trabajando para crear el ambiente propicio que genere los empleos. “Hay condiciones de paz y tranquilidad”, enfatizó.

En el mismo tema, Andrés Beceiro López, presidente del Comité Coordinador Empresarial aseguró :”…creo que en el momento actual es un magnifico tiempo para poder lograr el crecimiento en Veracruz, que tiene todo para poder crecer y que le hace falta mucho nada más que tengamos las ganas de hacerlo tanto empresarios como gobierno…”

“Todos juntos, tenemos que ir de la mano”, agregó.

Recordó que el lunes en el Congreso local 11 de enero en el Palacio Legislativo, fue un caso muy particular , ya que no era la firma de nada, era un Acuerdo que se quería hacer pero en el cual la menor importancia la tiene los partidos políticos, los que no fuero.

“Porque en realidad aquí es de empresarios y de obreros”, que son los que pueden hacer que esto crezca y que sea positivo para todo el Estado y dentro de esto es muy necesario meter inversiones en la agroindustria .

Los líderes de partidos buscaban reflectores

Aseguró que ellos, los que faltaron (Pan, Prd, Convergencia y el Pt) nada más buscan los reflectores personales para su partido “no buscan para la sociedad en general, tan es así que hicieron una reunión y dijeron que les parecía bien , entonces se preguntó ¿si les parecía bien porque no fueron? y dijo que lo que pasaba era que ellos no iban a tener los reflectores, sino que los tendría el gobernador Fidel Herrera Beltrán.

Recordó que eso fue lo que paso, no porque no crean que no puede ser positivo para el Estado: “yo quiero saber que veracruzano, que gente que viva en Veracruz no desea que haya más empleos, que me digan de uno, aunque a de haber uno por allí que diga “quiero seguir en la cama”.

Beceiro López afirmó que a pesar de las broncas que podemos tener los empresarios, sobre todo, con lo que sucede en Estados Unidos, la recesión que puede haber y el nuevo impuesto IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única), “creo que Veracruz puede tener un crecimiento si no superior igual al del año 2007”y vamos a contar con lo que necesitamos para hacer inversiones.

Enumeró tres principales premisas para el Empleo y las Inversiones

1.- Hay que tener seguridad, en nuestras empresas y en el personal, y está es una de las prioridades más fuertes que está dando el gobernador.

2 .- Infraestructura, que tengamos carreteras en buen estado, que también es donde le van a invertir muchos recursos como lo anunció el propio Fidel Herrera anunció. Esto aunado también a la pavimentación calles en las ciudades y poblaciones y

3.- Tener apoyos como los terrenos necesarios para establecer la infraestructura como en los parques industriales, carreteras, comunicaciones internas servicios como luz y agua, créditos, ya que con eso el empresario se va a dar por bien servido .

En general dijo que el clima es propicio para que vengan inversiones nacional y del exterior, para poder ser muy buena competencia contra el norte de la República que ya está muy congestionado y requiere expandirse a otras latitudes como Veracruz “y por eso tenemos que capacitar muy bien a los trabajadores”..

A su vez, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial(Cce), David Bouchez Gómez, entrevistado en su famoso restaurant La Casa de Mamá, dijo que “Fidel Herrera ha hecho un gobierno innovador y en esta segunda etapa de su gobierno lo que él ha tratado es que nos comprometamos los empresarios, los sindicatos, partidos y todos para estar mejor integrados y así lograr mejores proyectos de desarrollo”.

Esa es una de las finalidades de la inminente firma del Acuerdo y la otra es como participar, porque uno de las labores más destacadas es la enorme promotoria que el gobernador ha venido realizando. “Es un hombre de acuerdos y así lo ha hecho la cuatro veces que fue diputado federal y una Senador de la República”, dijo.

Bouchez Gómez destacó que es un hombre previsor y el ejemplo está en que ante los fenómenos naturales que se han presentado en Veracruz, “hemos salido bien librados y no se registrado desgracias como anteriormente”.

En su papel de estadista, lo que le siempre le ha interesado es reforzar la prevención y la transparencia y fortalecimiento financiero para generar los empleos que requieren los veracruzanos.

Por eso, subrayó, por arriba de los partidos políticos y los colores, en esa pluralidad que vive el Estado, “van a estar siempre los intereses de Veracruz y en eso se ha estado trabajando, por eso creo que es muy importante el Acuerdo para el Empleo y las Inversiones”.

Fidel, con futuro político para el 2012

Criticó a los lideres partidistas que no estuvieron en la presentación del documento del Acuerdo y dijo que “en lugar de haber dirigentes maduros, con alto sentido social y un compromiso para el Estado, se auto descalifican y se excluyeron porque la dimensión fue más particular que partidista”, pero primero y antes que nada está Veracruz.

Dijo que para eso se establecen las mesas de diálogo que deben servir para ello, sentarse a negociar y poder buscar lo mejor para el Estado.

Adelantó que por su capacidad, experiencia, por ser un promotor nato y de gran cultura e inteligencia, con tacto político para tratar y ayudar a la gente que menos tiene como los niños y adultos mayores, tiene un gran futuro político de cara a las elecciones federales del 2012.

“Es en suma nuestra principal carta y tiene los méritos suficientes, creo que estaríamos muy bien representados con un candidato como él y por eso nuestros mejores deseos que llegue a la grande”,concluyó David Bouchez Gómez. (IVV)

Impune el asesinato de la indígena Ernestina Ascencio Rosario

*Fue violada y asesinada por soldados en Soledad Atzompa

Por Regina Martínez

Jalapa, Ver., 10 de marzo (apro).- Un año después de la muerte de la indígena Ernestina Ascencio Rosario, ultrajada por presuntos militares, organizaciones civiles y comunidades de Soledad Atzompa demandan aún justicia y el total esclarecimiento de este "asesinato". La procuraduría del estado cerró el caso tras aceptar la versión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el sentido que la indígena murió de "gastritis aguda". Sin embargo, el perito Pablo Mendizábal defiende el peritaje original. Mendizábal, responsable de practicar la necropsia de ley a la anciana de 72 años de edad, quien falleció un día después del ataque ocurrido 25 de febrero de 2007, aseguró que el dictamen inicial jamás fue modificado. Aunque el 30 de abril pasado la autoridad concluyó que no había delito que perseguir, Mendizábal sostuvo su versión, en el sentido de que “las causas de la muerte de la indígena fueron traumatismo cráneo encefálico, fractura, luxación de vértebras y anemia aguda". En entrevista con Apro, Mendizábal dijo que si en su momento no defendió su dictamen, "se debe a que me vi impedido por la secrecía de la investigación ministerial" que ya había iniciado la procuraduría de Justicia del estado, a cargo de Emeterio López Márquez. El 26 de febrero de 2007, Mendizábal fue instruido por la delegación de servicios periciales y la agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos contra la Familia y la Libertad Sexual, en Orizaba, para acudir al hospital de Río Blanco y certificar la muerte de Ascencio Rosario. También le ordenaron acudir a la funeraria donde se encontraba el cuerpo de la indígena para realizar la necropsia de ley, "dado lo relevante del caso, pues se involucraba a miembros del Ejercito como presuntos responsables de dichos actos". En ese momento, explicó, tanto el celular como el teléfono de su oficina se saturaron de llamadas de la procuraduría del estado, de la subprocuraduría Zona Córdoba y de la Dirección de Servicios Periciales, "pues todos querían ser protagonistas del incidente". Con el material existente en ese momento, añadió, "tomé muestras de tejidos de las vísceras para estudio histopatológico y químico, las que, aunque fueron tomadas inmediatamente, inexplicablemente fueron enviadas dos días después para su análisis en laboratorio". Aunque la investigación seguía su curso, señaló, la intervención de la CNDH "puso una cortina de humo" y, desde un principio, "trató de desvirtuar el dictamen de la necrocirugía de ley que yo emití". Bajo “presiones” del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, dijo, la PGJE autorizó la exhumación del cuerpo de la anciana 11 días después de su muerte, "para realizar nuevas pesquisas y tratar de desechar el dictamen inicial y el de los químicos forenses". En el estudio practicado por químicos forenses de la propia Dirección de Servicios Periciales de la PGJE, reveló Mendizabal, "ya habían encontrado la presencia de fosfatosa y residuos de P30 --semen-- en la parte anal de Ernestina Ascencio". La exhumación del cuerpo, realizada por peritos de la PGJE y especialistas de la CNDH, refirió, "más que hallazgos, ratificó la necropsia realizada inmediatamente después del fallecimiento de la indígena, originaria de la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa”. Aseguró que “se confirmó la fractura de arcos costales derechos e izquierdos, equimosis en regiones tempoparitales y frontales, que en su momento fueron hematomas y que, por el fenómeno cadavérico, ya se habían transformado en manchas moradas”. Dijo que, en la exhumación del cuerpo, también se confirmaron "cuatro desgarres en la región anal, que varían en posición y que, insisto, los fenómenos cadavéricos transforman dichas lesiones de posición". La fractura y luxación de vértebras cervicales debió haber despejado la duda con la certeza de rayos X, lo que no se hizo en la exhumación", señaló el perito, al precisar que también se ratificó "la presencia de sangrado en el tubo digestivo". Indicó que, en la segunda necrocirugía, se confirmó la presencia de cirrosis hepática y la anemia aguda como causa de la muerte y, aunque no me corresponde manifestarlo, la presencia de fosfatasa, P30 y cromosoma, es decir, un ADN diferente al de la señora". Los datos del dictamen de los análisis iniciales que se practicaron al cuerpo de Ernestina, originaron que el gobierno del estado "nos exigiera que defendiéramos la veracidad de los estudios y los resultados que se habían emitido", expresó. Empero, dijo, el 30 de abril de 2007, “de manera inexplicable se determinó el no ejercicio de la acción penal, ya que, al hacer publica esta decisión, las autoridades dijeron que habían concluido en que las causas de la muerte fueron naturales". El especialista de la PGJE aclaró que, como médico forense, su función es realizar estudios que orienten al Ministerio Público o al juez para que éstos tipifiquen los delitos, "nunca señalar culpables, pues yo no soy policía ministerial". Durante todo este proceso, siguió, "nunca manifesté que hubo violación, ni que la señora fue asesinada y, mucho menos, que los responsables hayan sido elementos del Ejercito, porque no me corresponde hacerlo; eso es responsabilidad del Ministerio Público". Sostuvo que, por “presiones de la CNDH”, la procuraduría del estado abrió en su contra una investigación de carácter administrativo y ministerial, que están en curso, "lo que es increíble". Aunque ha contado con el apoyo del gobernador Fidel Herrera Beltrán y no lo ha despedido de su fuente de trabajo, Mendizábal acusó a la CNDH de "haber transformado la verdad con una serie de recursos, que equivalen a 700 millones de pesos de presupuesto". Por su parte, la Asociación de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, cuestionó también el papel que jugó la CNDH en este caso, pues al no mostrar un auténtico interés por conocer la verdad y llegar al fondo del asunto, "ha generado más sospechas".. Esta asociación, junto con otras organizaciones civiles de Veracruz y del país, ha subrayado que la comunidad y la sociedad en general debe conocer la verdad de los hechos y, por ello, a través de la Ley de Transparencia, han solicitado a las autoridades copia del expediente. La abogada Pilar Noriega dijo que, ante la insistencia de la CNDH y de la PGJE para mantener en reserva el expediente, "deja abierta la puerta para que sospechemos que algo oculta y que, contrario a la transparencia, dejan en total oscuridad los hechos que en principio parecían muy claros". Pese a que la familia de Ernestina Ascencio ha manifestado no tener ya interés sobre el caso, Noriega dijo que la asociación de abogados de la que forma parte, "estudia qué es lo que se puede hacer jurídicamente para que se reabra el expediente". Noriega, entrevistada telefónicamente, explicó que analizan sí efectivamente habría dificultad para acreditar el interés jurídico por parte de los organismos civiles, "porque legalmente y en estricto sentido de la averiguación previa, sólo tiene participación la familia". Agregó que, “aunque es difícil, estamos estudiando qué ángulo se tiene que hacer para tener la verdad de cómo sucedieron los hechos y si realmente hubo una documentación objetiva, sobre todo, en los peritajes", que es donde está la controversia. Afirmó que la CNDH debería ser la primera en apoyar a las organizaciones civiles que quieren tener acceso a las investigaciones periciales integradas en la averiguación que se abrió por el homicidio de la indígena pero, contrario a ello, "ha generado mayor confusión". Pese a que legalmente fue cerrado el caso, acotó, "existe la necesidad de conocer qué fue lo que sucedió, cuál fue la intervención de las autoridades, de las corporaciones policiales y del Ejercito en un asunto de violencia contra las mujeres". A su vez, el activista Julio Atenco Vidal cuestionó la actitud del gobernador Herrera Beltrán en el caso, "pues en principio tenía la convicción de que se trataba de un crimen y condujo las investigaciones hasta el punto de una confrontación con la CNDH". A juicio del asesor de la Coordinación Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROIZ), Herrera Beltrán "prolongó el proceso hasta evidenciar a la CNDH, para luego cambiar radicalmente, tal vez porque era poner en riesgo a un aliado fundamental del Ejercito (Felipe Calderón)". Atenco consideró que el gobierno del estado sólo utilizó a las autoridades y comunidades de Soledad Atzompa, que siguen demandando justicia en el caso de Ernestina, "para luego negociar recursos con el gobierno federal". El 18 de abril de 2007, refirió, Herrera Beltrán, luego de reunirse con Soberanes, "señaló que no tenía diferencias sustantivas en la interpretación realizada por la CNDH en el caso de Ernestina y, días después, aceptaba la tesis de la muerta natural". Explicó que la CNDH no fue la zona a petición de los familiares de la víctima, "sino por motivos propios, no para investigar la presunta violación cometida por militares, sino para documentar las condiciones de salud en que se encontraba la indígena y demostrar que murió por pobre y por su edad". "No tenemos duda de que fue un crimen. Se trató de una perversa provocación planeada por la inteligencia militar para producir un enfrentamiento y obligar a sacar la cabeza de presuntos grupos armados", agregó. De hecho, el 27 de febrero, señaló, en una asamblea en Tetlatzinga, a la que llegó el gobernador, "hubo un enfrentamiento verbal con los militares, y en uno de los camiones que no tenía resguardo, un joven se subió y tenía un bidón de gasolina listo para rociar la unidad". Añadió que la policía de Soledad Atzompa "controló a esa persona, le quitó el bidón y reclamó a los soldados la falta de vigilancia".Por ello, insistió, "es altamente probable que el plan consistiera en desarticular al movimiento indígena y, eventualmente, demostrar la existencia de algún grupo guerrillero en la región". (Tomada de la Revista Proceso)